El sistema penitenciario cordobés no resguarda los derechos básicos de los internos y evidencia profundas falencias en las políticas destinadas a ese sector de la ciudadanía. Así lo revela el informe “Mirar tras los Muros: Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”, elaborado en 2013 por la Comisión Provincial de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos de las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y de Río Cuarto (UNRC).

El trabajo será presentado hoy en el marco de la Feria del Libro. La actividad, que contará con la participación del juez federal Daniel Rafecas, se realizará a las 20, en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (avenida Vélez Sársfield 264).

El diagnóstico es uno de los capítulos del trabajo, realizado a partir de datos aportados por la Gobernación de Córdoba al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por esta razón, se trabajó con cifras de 2011, último año con información oficial publicada al momento de elaboración del informe. Frente a esas restricciones y ante la imposibilidad de acceder a los lugares de encierro, los autores recurrieron también a artículos publicados en distintos medios de prensa y a relatos de personas detenidas con las que tuvieron contacto.

Ese desglose sobre el sistema penitenciario estuvo a cargo de Lyllan Luque y Jorge Perano, docentes de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. También colaboraron las estudiantes, Laura Graciela Guzmán y Trinidad Carreras Jurado.

Sobrepoblación y violencia

Según el informe de monitoreo, Córdoba contaba en 2011 con una infraestructura carcelaria compuesta por dos grandes complejos y ocho establecimientos. Cinco instalaciones están ubicadas en la capital provincial y las restantes en las ciudades de Río Cuarto, Cruz del Eje, San Francisco, Villa María y Villa Dolores.

Una primera situación de vulneración de derechos de los presos tiene como origen la sobrepoblación de los establecimientos. Según puntualizaron los docentes de la UNC, la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario en la provincia para 2011 se fijó en 5.433 plazas, pero había un total de 5.944 personas alojadas, un exceso de 561 detenidos, esto es, un 10,3% más de lo autorizado.

El hacinamiento propicia otra consecuencia negativa: la violencia intracarcelaria. Aunque los datos son escasos y difíciles de conseguir, según al análisis del equipo universitario, entre 2008 y 2011 existió “un aumento de la producción de actos de violencia física dentro de las cárceles de Córdoba, sea que hayan tenido como resultado lesiones, heridas o muertes”.

Prisión y ciudadanía

Según el informe, dos edificios carcelarios son “paradigmas de vetustez”: Río Cuarto -que supera los 100 años- y la cárcel de barrio San Martín, en Capital provincial. “Se trata de ambientes sórdidos, fríos y húmedos... forzados a soportar números de alojados más allá de la capacidad con la que fueron diseñadas”, puntualiza el trabajo. A ellas se suma la cárcel de Villa María, de más de 70 años, que además carece de patios internos en los pabellones.

Por otra parte, la posibilidad de acceder a derechos básicos, como el trabajo, la educación y la salud quedan mellados, según el informe. Con respecto al derecho al trabajo, el 73% no posee empleo remunerado, y el 85% de los reclusos no participó de ningún programa de capacitación laboral.

La mayoría de quienes trabajan en las cárceles lo hacen de forma voluntaria, en tareas no calificadas y que no ayudan a su inserción laboral tras recuperar la libertad. En cuanto al acceso a la educación, la mitad de los reclusos no participa de ningún programa educativo, pese a que 80,5% no ha terminado la escolaridad obligatoria, y quienes reciben algún tipo de formación lo hacen, en espacios no formales como talleres opcionales (artesanías, Braille, fotoperiodismo, radioteatro, talleres literarios, yoga, folklore, arte visual y muñequería, entre otros), evaluaron los catedráticos.

En torno a la salud, las estadísticas oficiales señalan que el acceso está más garantizado. Sin embargo, los relatos de los detenidos revelan que la atención no siempre es oportuna y suficiente.

A partir de este estado de situación, los autores del trabajo concluyen que si bien los establecimientos de Córdoba no escapan a la lógica de las cárceles del país, no se justifica el incumplimiento de normas obligatorias que vulneran derechos humanos básicos, evaluaron. (Fte.: UNCiencia/ G. Maffini)