El propio impulsor del documento y presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, asumió una autocrítica. Si bien atribuyó la responsabilidades a la "alta fragmentación de las organizaciones", se vio obligado a dar explicaciones sobre un pronunciamiento que se venía trabajando en forma reservada y que tomó estado público a raíz de disidencias previsibles en el mundo empresario y político.

Casaretto, sin dudas el obispo más experimentado en el diálogo con los sectores políticos, empresarios y sindicales, despegó del frustrado documento al presidente del Episcopado y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio. Comprometido con las vías del diálogo, las estrategias de Casaretto difieren del modo de actuar y de pensar de Bergoglio, que privilegia los gestos de marcada autonomía e independencia de los poderes públicos.

La intención de la Comisión de Justicia y Paz, cuya conducción responde a Casaretto, era cerrar el acuerdo y presentarlo en el Episcopado el miércoles próximo, con el aval de la sociedad civil. No era una fecha al azar. Cinco días después -el lunes 19- comenzará a deliberar en Pilar la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, presidida por Bergoglio e integrada por más de 70 obispos. Para el responsable de Pastoral Social era un marco ideal para presentar un inédito nivel de consenso sobre el drama de la pobreza.

Pero la mano de la discordia -no faltan quienes ven alguna intervención oculta del Gobierno- y la incapacidad para advertir las rivalidades internas que conviven en las entidades empresarias quebraron esa posibilidad. Casaretto presentará ahora a los obispos un informe, a modo de rendición de cuentas, mientras íntimamente, entre los empresarios y la propia Iglesia, se extiende la conciencia de que la pobreza sólo podrá ser enfrentada con políticas de Estado y acuerdos sustentables.

El propio obispo advirtió que quizá pecó de ingenuo al pensar que la construcción del acuerdo iba a ser un camino de tránsito rápido. Inexplicablemente, no advirtió que difícilmente organizaciones comprometidas con el Gobierno iban a suscribir sin peros un informe que vincula la pobreza con los controles de la inflación y las políticas de ajuste.

Así, el principal beneficiario del frustrado acuerdo es el Gobierno, que cuenta a Bergoglio entre sus adversarios y que, así como festeja los tropiezos de la oposición en el Congreso, celebra que se haya evitado un pronunciamiento unánime sobre el sensible tema de la pobreza.