Es la cifra que fijaron tres empresas. Pero aún no se sabe de dónde saldrán los fondos: el gobierno de Jure pretende que la inversión sea encarada por la Nación y que después las devuelva Passarini
La pelea ahora pasa por determinar quién tendrá que pagar semejante suma. En el gobierno municipal tienen decidido iniciar una demanda en contra de Leonardo Passarini, propietario de la ex oleaginosa, para que sea él quien afronte los 9 millones de pesos. Sin embargo, sería una pelea que llevaría tiempo y la intención de la gestión de Juan Jure es comenzar inmediatamente con la remediación.
En los próximos días, los abogados de la Municipalidad -el fiscal municipal Hernán Di Santo y el asesor letrado Jorge González Schiavi- presentarán una demanda en contra de Passarini para hacer efectiva la expropiación que el Concejo Deliberante votó por unanimidad.
A través de una notificación publicada en PUNTAL, el gobierno había convocado al empresario el viernes pasado para que negociara con el Estado la transferencia de la manzana 48. La condición que había establecido la gestión Jure era que el precio no podía superar los 3.071.000 pesos que estableció la valuación oficial del Consejo Provincial de Tasaciones. Sin embargo, Passarini no respondió a la convocatorioa: no se presentó y, en declaraciones a este diario, aseguró que peleará en Tribunales hasta el último peso que se pueda discutir. Indicó que, a su juicio, no podrá reclamar un precio muy por encima de los 4,5 millones de pesos.
A partir del desplante de Passarini, el gobierno anunció que irá a la Justicia para iniciar una demanda y depositar los 3.071.000 pesos. Una vez cumplido ese trámite, pedirá la inmediata posesión del bien y buscará que rápidamente comiencen los trabajos de descontaminación.
Pero, ¿de dónde saldrán los 9 millones de pesos que harán falta para contratar a alguna de las tres empresas que presentaron un presupuesto?
Hace 10 días, el intendente Juan Jure y el asesor González Schiavi se reunieron en Buenos Aires con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi. Uno de los objetivos del encuentro era, precisamente, que el gobierno de Cristina Fernández se hiciera cargo del costo de demoler el edificio, desmontar la infraestructura de la planta y eliminar la contaminación en el suelo.
“Estamos apuntando a la Secretaría de Ambiente porque, si hay contaminación, es responsabilidad del Estado Nacional. Vamos a iniciarle un juicio a Passarini por lo que cuesta remediar pero la cuestión central es quién desembolsa el dinero inicial que hace falta”, manifestó una fuente del Municipio.
Pero la opción de pedir la intervención de la Nación sólo será viable si se comprueba la existencia de residuos peligrosos y contaminantes. Por eso, el gobierno está esperando con ansiedad los resultados del análisis que realizó la Gendarmería nacional por orden de juzgado federal de Carlos Ochoa.
Según la información que manejan en el Palacio de Mójica, los estudios -algunos de los cuales fueron realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial- llegarían en las próximas horas a la Justicia federal de Río Cuarto.




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