Podría hasta parecer una broma, pero no lo es: el lugar que eligió el Jefe de Gobierno para celebrar su matrimonio es un predio de dominio público que restringe el acceso de la gente al Río de la Plata y cuya habilitación está impugnada judicialmente.

Las 17 hectáreas que conforman el Complejo de Costa Salguero pertenecen a la Ciudad, pero fueron concesionadas a la empresa Telemetrix. Por todo uso del predio, la firma le paga al gobierno porteño un canon mensual de 68.298 pesos. Una cifra absurda si se tiene en cuenta que de los locales subconcesionados recibe un promedio de 750 mil y aproximadamente 60 mil pesos más por la publicidad que va desde un extremo a otro sobre la reja que da a la avenida Costanera.

En cálculos aproximados, se estima que la Ciudad sostiene una pérdida de más de ocho millones de pesos por año por mantener en funcionamiento este complejo que reúne 19 locales, entre los que se cuentan 4 estacionamientos, 2 centros de convenciones, 3 salones de conferencias y un hotel.

La empresa dueña del complejo, Telemetrix, pertenece a Federico Bensadon y Alberto Gutiérrez, quienes también son dueños de la constructora Emaco S.A.; una firma que podría ganar la licitación para la construcción de viviendas en la intersección de las calles Virrey del Pino y Donado; donde se encontraba la traza de la ex AU 3.

La causa que pesa sobre Costa Salguero

En 2009, el entonces legislador Facundo Di Filippo presentó un amparo cuestionando el funcionamiento del complejo en un lugar que restringe el acceso de los porteños al Río de la Plata. La causa recayó en el juzgado de Roberto Gallardo.

El magistrado investigó: sólo cuatro de las veintitrés subconcesionarias tenían habilitación para funcionar. La estación de servicio, que está en la entrada, tampoco había pedido habilitación a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y ponía en riesgo el despegue y la llegada de los aviones.

En noviembre de ese año, Gallardo ordenó la clausura de los 19 locales. Pero la Dirección de Habilitaciones porteña -a cargo de Martín Farrel, el funcionario que debió renunciar tras el derrumbe del boliche Beara- se negó a cumplir la medida judicial. Por su parte, Telemetrix denunció penalmente a Gallardo y lo recusó tres veces por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Para la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), “el Gobierno de la Ciudad habilitó irregularmente el lugar que meses después el Jefe de Gobierno eligió para casarse. En caso que no se trate de una devolución de gentilezas por parte de la empresa, seguramente Macri pagó más por horas de alquiler del salón para su fiesta, que lo que Costa Salguero paga mensualmente por explotar todo el predio”.