"Me da mucha bronca", dijo José Luis Gioja con evidentes signos de impotencia sobre el caso de Alejandro Pereyra, el ex comisario a quien le concedieron esta semana la liberación -aún no se efectiviza porque falta el pago de una fianza- a raíz de las demoras en la causa que lo involucra como único acusado de intentar asesinar al empresario Hugo Naranjo. Fue la primera vez que el gobernador habló de la polémica que mantiene convulsionado al Poder Judicial y que ahora sumó al poder político. Mientras el Colegio de Magistrados convocó a una reunión para sentar posición, uno de los jueces que intervino en la causa negó responsabilidades. El caso también hizo ruido en Diputados, donde la bancada oficialismo no descartó un jury si algún magistrado incumplió su deber. Después que la Sala II de la Cámara Penal ordenara la liberación bajo fianza de Pereyra el miércoles, por estar preso más de tres años sin sentencia, sonaron varias voces altisonantes. La primera fue la del fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, que pateó el tablero al decir que los miembros del Poder Judicial deberían sentirse avergonzados y criticar la labor de los jueces del caso.

Ayer, Gioja rompió el molde de su costumbre de no querer hablar ni una palabra de la Justicia por ser otro Poder. Cuando este diario le preguntó, escuetamente dijo: "tengo mucha bronca". Y ahí nomás, agregó: "tengo mucha bronca, pero no opino. De la Justicia no puedo opinar".

En la Legislatura, el tema causó malestar. El justicialista Julio Coll contó que la Comisión de Justicia y Seguridad promoverá un pedido de informes a la Corte de Justicia sobre el caso Pereyra "para revisar la actuación de los magistrados que intervinieron". El proyecto se tratará el jueves próximo y el presidente de la bancada mayoritaria, Daniel Tomas, dijo que "lo hablamos y hay consenso para aprobarlo" (Ver Van por más).

Coll aseguró que el jury de Enjuiciamiento, mecanismo de destitución previsto por la Constitución para jueces de primera y segunda instancia, "podría ser uno de los caminos a seguir si se comprueba que un magistrado no cumplió su deber". Además, aseguró que "no es normal que una causa se demore tanto", aunque al mismos tiempo advirtió que "en estos casos hay que ser prudente hasta conocer a fondo lo que dice el expediente".

El caso del ex comisario, que estaba detenido desde que Hugo Naranjo lo señaló como el que lo quiso matar de cinco disparos y prendiéndole fuego en la madrugada del 28 de mayo de 2006, fue el gran tema en los últimos días en pasillos y despachos de Tribunales. Y ayer, se percibió por lo bajo la bronca que hay en algunos jueces por las críticas de Quattropani y las expresiones que salieron desde el sector político.

Uno de los que habló fue Juan Carlos Peluc, juez de la Sala II que liberó a Pereyra. Esa decisión no está en discusión porque se basa en tratados internacionales y leyes procesales, pero sí el tiempo que transcurrió sin que la causa llegara a juicio, lo que permitió que el sospechoso quedara en libertad hasta la sentencia. Según Peluc, el tribunal que integra junto a Arturo Velert Frau y Félix Herrero Martín "no es responsable de ninguna demora, el expediente nos llegó en marzo pasado" -no incluyó a Guillermo Adárvez, que fue el juez que intervino en la etapa de instrucción-. Además, dijo que no va a opinar del pedido de autocrítica que le hizo Quattropani a los jueces y de la medida que preparan los diputados, se limitó a decir que "están en todo su derecho".

La jueza Correccional Mónica Lucero, que es vocal del Colegio de Magistrados, se sumó del lado de sus pares y disparó por elevación contra Quattropani. Lanzó: "Me parece bien la autocrítica, pero es oportuno personalizar y decir quien no cumple, porque así se generaliza y eso no le hace bien a nadie".

Sus declaraciones estuvieron en sintonía con las del ministro de la Corte de Justicia Adolfo Caballero. El jueves, ante la arremetida de Quattropani, había respondido que "si alguien conoce al responsable de las demoras, que haga la imputación concreta, sea quien sea" (Ver Enojo en el Foro).

Mientras tanto, la entidad que nuclea a los jueces no quiere perder espacio frente a las dardos que volaron para sus miembros y de urgencia convocó a una reunión. Será el lunes, con la idea de opinar de todo lo que pasó y se dijo a través de un documento que luego presentarán en sociedad. Una opinión que amenaza con avivar aún más la polémica.