Los auditores designados por laCorte Suprema de Justicia ya tienen en sus manos losexpedientes objetados de la fiscalía a cargo de Guillermo Herrera, desde el pasado viernes. La documentación había sido enviada a distintas fiscalías luego de que el Ministerio Público así lo dispuso.

La auditoría había sido ordenada por la Corte el 14 de abril pasado a través de una resolución de su presidente Antonio Gandur, la cual está ligada a una hipótesis del Colegio de Abogados, ya que el 31 de marzo, Francisco García Posse, presidente de esa entidad, dijo al fiscal Diego López Ávila que las actuaciones de Herrera en “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Rigourd" y “Jorrat” reflejarían el mismo patrón de conducta irregular.

El martes, con el voto de los cinco miembros del estrado (Antonio Gandur -titular-, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse) quedó ratificada la orden emitida el 14 de abril pasado de fiscalizar al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, a cargo de Edmundo Jiménez, publicó el diario La Gaceta.

Jiménez había puesto resistencia a la resolución adoptada por Gandur, y según la decisión de la CSJT (Acordada 353/15), el ministro público y jefe de Herrera había dicho que la facultad de superintendencia sobre el Ministerio Público le pertenecía a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales del año pasado. Al respecto, la Corte recordó que el artículo 121 de la Constitución de Tucumán le había otorgado a ella la potestad para ejercer la fiscalización de la Administración de Justicia.

La decisión de la Corte se basa en las denuncias contra los fiscales Alejandro Noguera y Herrera, y el juez Juan Francisco Pisa que presentaron la Unidad de Información Financiera, el Colegio de Abogados de la Capital, y los letrados Alfredo Falú y Carlos Garmendia.