Ayer, en una Audiencia Especial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió si le corresponde o no a los empleados contratados por el Estado como monotributistas las garantías de la estabilidad del empleo público o la ley de contrato de trabajo, por tratarse en realidad de trabajadores en relación de dependencia. Se sentará así una importante doctrina para miles de empleados "factureros" del Estado.

Para este tipo de audiencias exponen instituciones y organizaciones que pueden tener un "interés legítimo" en el tema a debatir. Luego la Corte puede decidir en el momento o tomarse unos días para dar a conocer su sentencia.

En Catamarca, esta modalidad de contratación registra miles de casos, dado que desde la llegada al poder del Frente Cívico y Social se la implementó casi en forma generalizada para reducir los costos laborales que debe afrontar el Estado y también muchas empresas privadas encargadas de brindar servicios públicos mercerizados por el Estado provincial (seguridad, educación, salud, entre otros).

Todo comenzó cuando, luego de 8 años de desempeñarse con un convenio de locación de servicios, que era renovado periodicamente, a Carlos Próspero Sánchez, contador, la Auditoría General de la Nación (AGN) no le renovó el contrato. Entonces Sánchez se consideró despedido y reclamó las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley de Empleo.