La comunicación oficial señala que "en cumplimiento de la medida cautelar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó a favor de los pueblos originarios del Chaco en el año 2007, cuanto el Poder Ejecutivo estaba a cargo de Roy Nikisch, el Gobierno de la Provincia informa mensualmente al máximo tribunal judicial del país la evolución de la situación socio-sanitaria de los aborígenes a partir de la aplicación de un programa que elaboró en forma conjunta con el Estado Nacional y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH)".

Agregándose que la información es actualizada permanentemente y también es presentada con una frecuencia trimestral a la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo con el cual las áreas competentes del Gobierno de la Provincia mantienen contacto a los fines de ir aclarando las situaciones que puedan surgir y efectuar las eventuales correcciones necesarias.

La Corte Suprema de Justicia había resuelto “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Estado Nacional y a la Provincia del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitan en la región sudeste del Departamento General Güemes y Noroeste del Departamento Libertador General San Martín de esa provincia, como así también de un medio de transporte y comunicación adecuado a cada uno de los puestos sanitarios”.