Salta.- En un fallo firmado por los jueces de laCorte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, sin disidencia alguna entre ellos, el máximo tribunal anuló el fallo dictado por laCorte de Justicia de Salta el 4 de febrero de 2014, en el que se garantizaba impunidad al exintendente de Rosario de Lerma, Sergio "Topo" Ramos.

El fallo de la Corte Suprema responde a un recurso de queja presentado por el fiscal ante la Corte, Alejandro Saravia, quien primero había expuesto un recurso extraordinario para apelar el fallo de la Corte de Justicia de Salta, pero que no fue admitido. Por lo tanto, el representante del Ministerio Público recurrió en queja a fin de que su planteo fuera resuelto.

Ramos es uno de los protagonistas principales en la denominada "Causa de los Intendentes" y arrastra desde 1997 un proceso penal por delitos de corrupción en perjuicio del estado provincial cometido, presuntamente, desde su función de intendente. El cargo lo dejó el 10 de diciembre pasado tras ser derrotado en las elecciones de mayo pasado por Ignacio Jarsún.

Ramos está procesado por los delitos de fraude a la administración pública (tres hechos), malversación de caudales públicos (dos hechos), peculado y demora injustificada de pago e incumplimiento a los deberes de funcionario público. En la misma causa, también están procesados el intendente de Cerrillos, Rubén Corimayo, Pedro Alberto Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortez Jerez, Julio Ernesto Velarde, Manuel Pío Coronel y Sergio Enrique Bianchi.

Desde la denuncia de los hechos de corrupción, entre los años 1997 y 1999, la Justicia provincial demoró poco más de cinco años hasta resolver el procesamiento y remitir la causa a juicio, lo que sucedió recién en 2005.

Frenar el juicio

A partir de allí, Ramos y compañía comenzaron a minar el camino de la causa en busca de frenar el juicio oral y público, y para ello se valieron de numerosos planteos legales, todos tendientes a desgastar y dilatar el proceso penal.

Tras varios años de atención a estos tipos de recursos, la causa finalmente recaló en la viaja Cámara Uno del Crimen, cuyos jueces resolvieron en 2011 rechazar un pedido de sobreseimiento de Ramos, quien reclamaba ya que las causas abiertas en su contra sean declaradas prescritas y por lo tanto quedara libre de culpa y cargo.

Para ello, el ex intendente contrató los servicios del abogado, Darío Palmier, quien en 2013 ante el rechazo de los jueces de la Cámara interpuso un recurso de casación y con ello provocó que la causa fuera parar a la Corte de Justicia.

La demora no fue casual, pues lo que buscaba la defensa era que trascurrieran 12 años desde la denuncia del primer hecho, en 1999, para así fundamentar la aplicación de la prescripción penal, tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos fallos.

Frente a este plante de la defensa de Ramos, el máximo tribunal salteño, acostumbrado a dormir los expedientes que considera sensibles al poder político, demoró otro año en resolver, específicamente el 4 de febrero de 2014.

Impunidad

En su fallo, la Corte de Justicia de Salta decidió hacer lugar al plante presentado por Palmier, y en vista de ello dejó sin efecto la decisión de la Cámara Uno del Crimen, ahora Sala I del Tribunal de Juicio, de negar a Ramos la declaración que pretendía respecto a la prescripción penal de todos los delitos imputados en su contra.

Asimismo, el máximo tribunal local ordenó a los camaristas que analizaran la cuestión y dictaran un fallo teniendo en cuenta la doctrina expresada en su fallo. Veladamente estaban ordenando que los delitos imputados a Ramos fueran declarados prescritos.

Al conocerse esta resolución, festejada por Ramos y criticada por todos los sectores de la comunidad, pues no hacía más que abrirle la puerta de la impunidad a un ex funcionario municipal, fuertemente cuestionado por el manejo que llevó en la municipalidad de Rosario de Lerma por más de 16 años.

El fallo de la Corte que garantizaba la impunidad de Ramos, sin embargo, no llegó a ejecutarse debido a la intervención del fiscal Saravia, quien a través de un recurso de queja provocó que la causa fuera a parar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Arbitrario

Al fundamentar su planteo, el fiscal Saravia sostuvo que los jueces de la Corte de Justicia local obviaron el artículo 67 del Código Procesal Penal, el cual, desde 1964, dispone que la prescripción de la acción penal no se aplica para las personas que cometen dichos delitos cuando ocupan un cargo en la función pública. 

Saravia señaló que la corte provincial dejó de lado este artículo para imponer, sin fundamento alguno, el hecho de que el tiempo del proceso penal en contra de Ramos ya había superado los 12 años y no era justo que el ex intendente quedara sujeto a una instrucción penal inconclusa.

El martes pasado, sin embargo, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Nolasco resolvieron darle la razón al fiscal Saravia y ordenaron revocar la decisión de la Corte de Justicia de Salta. "Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglos a la doctrina aquí expuesta", reza el fallo del máximo tribunal de la Nación.

De esta manera, Ramos, ahora sin los fueros como intendente municipal, perdidos a manos de Jarsún, quedó en una situación seriamente comprometida, pues la Corte de Justicia de Salta deberá hacer a un lado y dejar que la Sala I del Tribunal de Juicio avance sobre él y lo lleve al banquillo de los acusados, del cual el ex intendente podría salir esposado.

Por Matilde Serra

Para El Intransigente.