La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó pasar a archivo el pedido del Gobierno de Mendoza de declarar inconstitucional el decreto presidencial 699/10. De esta manera, la continuidad de la Promoción Industrial cerró uno de sus capítulos judiciales, aunque todavía queda pendiente la presentación concretada por el Gobierno de La Pampa.

“En atención al desistimiento formulado el 14 de septiembre (…) declárase extinguido el proceso”, dictaminó el máximo organismo de Justicia de la Nación, en una resolución de la cual fue notificado en las últimas horas el Gobierno de Mendoza y que fue publicado por el diario Los Andes de esa provincia en su edición impresa la semana pasada.

En la resolución judicial, la Corte sustenta su posición en el artículo 304 del Código procesal civil, en donde se afirma que “en cualquier estado de la causa, las partes (…) podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez quien, lo declarará extinguido”.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene fecha del pasado 21 de septiembre y obviamente no hace referencia al fondo de la cuestión, porque con el desestimiento mendocino el proceso judicial sobre la facultad presidencial para resolver en el tema quedó trunco.

Qué significa

Esta resolución involucra a la presentación que en su momento concretó el Gobierno de Mendoza y que solicitaba que el decreto presidencial se declarara inconstitucional por avanzar sobre facultades que consideraba no le correspondían a Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de primera mandataria nacional.

La negociación política e institucional que la Nación emprendió con la gestión del gobernador Celso Jaque derivó en la determinación de que siete departamentos mendocinos quedaran incluidos en la continuidad del régimen impositivo, que por ahora sólo se limitaba a las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca.

Este proceso judicial había generado un fuerte cruce entre los Gobiernos de la región e inclusive impulsó un acto en la ciudad de La Rioja, en el cual estuvieron presentes los gobernadores Luis Beder Herrera, José Luis Gioja (San Juan) y Eduardo Brizuela Del Moral (Catamarca).

Pendiente

Por estas horas la principal preocupación de la administración que encabeza Luis Beder Herrera es garantizar la continuidad de los beneficios para las 70 empresas ya instaladas y en una segunda instancia recién se preocuparán por futuras nuevas inversiones en el territorio riojano.

La Provincia ya le reclamó a la Nación la urgente firma del acta complementaria que aclare la aplicación de los nuevos beneficios. En este sentido, se debe puntualizar que el decreto hace referencia a la posibilidad de extender el régimen impositivo hasta el año 2012 y de contar con nuevos beneficios en caso de concretar más inversiones que involucren la creación de fuentes laborales en el sector.

Por otra parte, todavía no se resolvió la presentación planteada por el Gobierno de La Pampa y que también se realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.