La Corte Suprema estableció ayer que la Anses debe dar respuestas en 30 días a los miles de reclamos que los jubilados hacen cada mes a la Justicia para actualizar sus haberes y que el Estado demora en resolver. (ver página 2). Algo está fallando en el Gobierno, y también en el Parlamento, para que el tribunal máximo deba intervenir en la política jubilatoria como también debe hacerlo con la manipulación de los datos en el Indec; la aplicación de la ley de medios o la jamás resuelta limpieza del ríachuelo.

Los miembros de la Corte fueron nombrados para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las discusiones jurídicas en el país y para ser la última instancia que los ciudadanos tienen en el Estado. Pero no es un organismo cuya función sea activar políticas ejecutivas o participar en forma permanente de las decisiones de gestión que languidecen bajo la impotencia o la inoperancia de los funcionarios que sí fueron elegidos -y a través del voto- para gobernar.