Una decisión de la Suprema Corte de Mendoza está generando silenciosas resistencias en el fuero penal. El texto de la acordada 26.208 circula por los pasillos de Tribunales y genera muecas entre los magistrados alcanzados por la orden de ir a trabajar de tarde y visitar a los detenidos sin sentencia, al menos, cada tres meses.

No se trata de una decisión menor la de establecer horario vespertino a jueces de Garantías e Instrucción, a los de Flagrancia, a los de Cámaras del Crimen y Apelaciones, a los de Faltas, Juzgados y Cámaras Penales de Menores. No es menor cuando uno de los reclamos de las fiscalías es que de tarde no encuentran un juez que firme una orden de allanamiento.

El tema del horario judicial es un viejo reclamo que se escucha cada tanto, pero en el que nunca se ha podido avanzar, aún cuando los magistrados son de los funcionarios del Estado que perciben sueldos más altos.

En este caso, la acordada 26.208 se refiere sólo al fuero penal, que es el que entiende en los casos de inseguridad, por ello es que la medida parece una respuesta apropiada a los cuestionamientos que recibe a diario la Justicia mendocina.

Pero también genera resistencias la otra parte de la resolución firmada el 21 de noviembre pasado por la sala administrativa de la Corte mendocina (Pedro Llorente, Omar Palermo y Carlos Böhm). La obligación de visitar a los internos detenidos sin resolución también es un trago amargo para los magistrados, puesto que además deberán remitir informes de esas visitas a la Corte.

En Mendoza hay algo más de 4 mil presos, de los cuales sólo el 50% tiene sentencia judicial definitiva, porcentaje que es menor a la media nacional, pero que aún resulta elevado, al menos a criterio de la Corte. Es que de los alrededor de 2 mil internos sin resolución de la Justicia, sólo 500 están en prisión preventiva dictaminada por un juez.

Es decir hay 1.500 personas detenidas por la decisión provisoria de un fiscal, detención permitida por el Código Procesal Penal mendocino, pero que tiene un plazo de 10 días para que haya decisión de un juez de Garantías, pero se comenta que hay demorados con seis meses más. Es por estos plazos que la Corte está pidiendo el horario vespertino y la visita a las cárceles.

La decisión pretende agilizar las causas, sobre todo en los casos en los que los detenidos pueden ser inocentes, pero además hay otra razón: en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia referida a las cárceles de Mendoza, indica que “existe el deber por parte de jueces, fiscales y defensores oficiales de visitar periódicamente las cárceles dónde se encuentren personas detenidas y/o procesadas bajo su dependencia”.

Con estos datos en la mano, es que Llorente, Palermo y Böhm firmaron la acordada, que establece en su artículo 1 establecer el horario vespertino de atención y funcionamiento del área penal de la Corte (la sala 2 conformada Böhm, Mario Adaro y Herman Salvini).

En el artículo 2 se dispone la creación de las prosecretarías vespertinas en cada juzgado de Garantías en la Primera Circunscripción judicial, las que funcionarán en el mismo horario que las unidades fiscales departamentales.

En el artículo 3 se ordena a los titulares de cada juzgado organizar las tareas de tal manera de funcionar mañana y tarde sin sobrecargar el horario del personal.

En el artículo 4 se ordenan las visitas trimestrales a todos los magistrados que tengan detenidos sin sentencia definitiva, para que monitoreen la situación de cada uno de ellos y remitan informes a la Corte.

La acordada 26.208 fue firmada hace algo más de quince días y viene circulando desde entonces. Quienes frecuentan los pasillos tribunalicios saben que la medida ha generado ruido, aunque nadie parece dispuesto a confrontar abiertamente con los supremos. 

Curiosamente hoy comienzan las visitas de tribunales inferiores a los presidios mendocinos y el 16 de diciembre empiezan las recorridas de los miembros de la Corte previstas en la Constitución de Mendoza, arrancando el raid en la emblemática cárcel de calle Boulogne Sur Mer.