El titular de la CSJT específicamente solicitó la reincorporación de Silvio Manino Leal, coordinador regional del NOA; de Juan José Raimondo, del área de operaciones de la Delegación Regional NOA y de Esteban Augusto Aybar Critto, segundo comandante de Gendarmería Nacional. “Todos ellos colaboraban con el fiscal López Ávila en la investigación de la muerte de Paulina Lebbos, cuya trascendencia es de público conocimiento a nivel nacional”, escribió a Rodríguez. Gandur añadió que tales peritos fueron trasladados a cumplir tareas en otras provincias e instituciones. Y dijo: “necesitamos en forma imperiosa el trabajo de tal equipo por el principio de inmediatez y de la complejidad de la causa, y debido a que la misma fuerza policial que se investiga no puede ser la que realiza la investigación”. La nota concluye con el pedido de reintegro, con la mayor celeridad posible, de Manino Leal, Raimondo y Aybar Critto, o su sustitución por otros.

La reunión entre López Ávila y Gandur comenzó antes de las 10 de la mañana del lunes, en el despacho del presidente (el encuentro estaba programado para el viernes pasado, pero fue postergado). Luego y por pedido del vocal Antonio Estofán, el fiscal se detuvo en el despacho del ex fiscal de Estado de José Alperovich. Pasadas las 11, expresó a la prensa que había informado a los vocales de la Corte sobre el estado de la causa “Lebbos” y sobre la interrupción de la colaboración de los peritos.

“No quiero hablar de sospechas. Lo importante es tratar de seguir en la misma dirección que teníamos con especialistas que recomienden medidas de prueba”, dijo López Ávila. Luego comentó que el retiro de los colaboradores dilataba las actuaciones de la fiscalía, que no puede contar con la Policía local (porque miembros y ex miembros de esa fuerza están cuestionados por la investigación). “Quiero reiterar que esta situación muestra la necesidad de crear una Policía judicial. Si el Ministerio Público tuviese peritos de su más alta confianza, podríamos practicar medidas sensibles sin problemas. La Corte me dijo que ellos también ven esta necesidad”, añadió.

López Ávila evitó referirse a la teoría de Alberto Lebbos, papá de Paulina, que considera que el retiro de los colaboradores obedece a una cuestión política. Por último, precisó que el hecho de que Luis De Mitri, ministro público fiscal y jefe de los fiscales, no estuviese allí físicamente no significaba que no conociese las circunstancias de la causa de la joven asesinada cruelmente el 26 de febrero de 2006. “Él, como los demás miembros de la CSJT, siempre estuvo a mi disposición. El viernes de la semana pasada recibí una nota de De Mitri en la que me solicita que le dé cuenta de lo que me hace falta para trabajar. Cuando vuelva a la fiscalía le enviaré la respuesta”, comentó.

En junio de 2013, López Ávila asumió la dirección de la investigación tras la decisión de desplazar a Carlos Albaca (luego, y acorralado por las críticas, este presentó la renuncia condicionada con fines jubilatorios). El jueves pasado, Alberto Lebbos concurrió a la Corte para plantear su rechazo a la permanencia de Albaca en su fiscalía (sigue trabajando porque aún no le salió la jubilación) y denunció la partida de los peritos. “El poder político desmanteló el equipo”, expresó a los vocales Gandur, Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.