Recién después de la feria judicial los supremos estarán habilitados para estudiar la demanda pampeana. Eso si no se llega a una solución política entre los gobernadores afectados.
En febrero los supremos estarán habilitados para empezar a estudiar la demanda pampeana, cuyo fin es que quede sin efecto la promoción industrial. La participación de los jueces de la Corte en ese tema devino de la imposibilidad de llegar a un acuerdo político entre las provincias beneficiadas y las que se creen perjudicadas por el régimen impositivo.
La aplicación del decreto 699 de 2010 se encuentra suspendida por orden de la Justicia Federal de San Rafael, que respondió a un planteo de la cámara empresaria del sur mendocino. Los empresarios sanrafaelino se negaron a desistir de esa acción cuando el gobernador Celso Jaque aseguró que había llegado a un acuerdo con la Nación para incluir en los beneficios de la promoción a siete departamentos mendocinos.
El Estado provincial si desistió de una acción declarativa de inconstitucionalidad planteada ante la Corte en función de los beneficios mencionados. Sin embargo, desde ese desistimiento nunca se mostró el decreto promocional reformulado con la inclusión de las siete comunas locales.
Tras el desistimiento de Mendoza, fue el gobernador Oscar Mario Jorge (PJ), de La Pampa, el que promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte. Los argumentos pampeanos fueron similares a los de la presentación que declinó Mendoza: la prórroga de la promoción para provincias con economías competitivas con la provincia genera una desigualdad que viola los preceptos constitucionales.
La promoción industrial se pensó en su origen para compensar falencias estructurales en la economía de cuatro provincias. Casi 30 años después del funcionamiento del régimen y cuando estaba a punto de terminar, la Nación consideró que aún perduran las desigualdades y decidió prorrogar por 15 años el beneficio que consiste en una quita de parte del IVA, Ganancias y el gravamen a las importaciones.
El decreto de prórroga fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en mayo de 2010, durante los festejos por el Bicentenario. Con esa norma promulgada, las provincias beneficiadas debían suscribir acuerdos particulares, en los que se fijarían los cupos de promoción a renovar, con la Nación. No obstante, la presentación judicial de los empresarios sanrafaelinos detuvo el trámite.
La Rioja es la provincia que demostró la mayor desesperación por la traba a la firma de los convenios particulares. El gobernador de ese estado, Luis Beder Herrera, viajó más de una vez a Buenos Aires para tratar de cerrar la operatoria pero hasta ahora no tuvo éxito.
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