¿Se hace o no se hace? El interrogante retumba por estos días en los edificios del Poder Judicial, de la Casa de Gobierno y de la Legislatura, y se refiere al proyecto de ley que concedería al Ministerio Público Fiscal y Pupilar el manejo de su propio presupuesto y de los funcionarios y empleados bajo esa órbita.

Según fuentes de los tres Poderes, en las últimas horas quedaron evidenciadas dos posturas respecto a la iniciativa, que ya fue oficializada en el parlamento pero aún no tiene dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

Por un lado está el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, quien impulsa la sanción de la norma que le permitiría autarquía financiera y funcional. El ex funcionario alperovichista ya consiguió el apoyo de casi una veintena de legisladores del bloque oficialista Tucumán Crece. Además, la semana pasada obtuvo un fuerte respaldo: en una declaración conjunta, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su adhesión a la propuesta de Jiménez “por su apego al fortalecimiento del sistema procesal penal acogido tanto por la Constitución nacional como por las Constituciones provinciales, en especial la de Tucumán”.

Pero, según las fuentes consultadas, al menos parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) sostiene una idea contraria. Antonio Gandur, titular del máximo tribunal, y el vocal Antonio Estofán visitaron ayer al gobernador José Alperovich. Si bien extraoficialmente se dijo que el asunto tratado fue el Presupuesto 2015 para el Poder Judicial, voceros de la Casa de Gobierno indicaron que también se tocó el tema del proyecto de autarquía para el Ministerio Público Fiscal.

Si existieron negociaciones, todo indica que tuvieron sus frutos. La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el alperovichista Guillermo Gassenbauer, tenía previsto darle dictamen hoy a la iniciativa. El grupo de trabajo sin embargo recibió ayer la notificación de que no se tratará ese tema en la próxima sesión, que se celebrará el viernes, por lo que el asunto quedó fuera de agenda. “Aún se tienen que poner de acuerdo en el Poder Judicial en algunos puntos. Por ahora, la ley no saldrá, porque desde la CSJT nos explican que algunos de los cambios serían inconstitucionales, como quitarle el poder de Superintendencia sobre el Ministerio Público Fiscal”, explicó una alta fuente de la Legislatura.

La postura contraria al proyecto de autarquía para el Ministerio Público Fiscal y Pupilar encontró adhesión en el Colegio de Abogados, que -mediante una resolución de su consejo directivo- calificó el plan de “incompatible con el diseño constitucional de la Provincia”.

Así, cuando parecía que Jiménez obtendría su anhelado proyecto, todo indica que, al menos, deberá aguardar el curso de las negociaciones para obtener su anhelada ley. Ayer también se vio al ex ministro de Gobierno y Justicia alperovichista en la sede del Poder Ejecutivo.

La propuesta

El lunes de la semana pasada ingresó a mesa de entradas de la Legislatura un proyecto de ley que prevé la autarquía financiera y funcional del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, cuyo presupuesto depende hoy de la CSJT. Entre otras novedades, la iniciativa prevé que el jefe de los fiscales “ejercerá la función de superintendencia en la administración de justicia” en su ámbito; implementará un procedimiento para designar empleados; aplicará sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios constitucionales y de ley, y empleados del área del Ministerio Público Fiscal y Pupilar; y preparará su propia estimación anual de gastos. El texto lleva la firma de Gassenbauer y de varios referentes oficialistas, como Sisto Terán Nougués yRoque Álvarez.

Para sustentar su postura, Jiménez consiguió el viernes pasado “una declaración respecto al ministerio público de la Provincia de Tucumán”. El apoyo llegó por parte del titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina,Alejandro Ficoseco (Jujuy); del presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quattropani (San Juan), y de fiscales de Río Negro, Chubut, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Formosa, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, entre otros.

Pese a este aval, el avance de la ley de autarquía es incierto. ¿Se hace o no se hace? La pregunta aún resuena en la Corte, la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Hoy al mediodía, la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, presidida por Regino Amado, determinará el orden del día de la próxima sesión, prevista para el viernes. Según fuentes del parlamento, podría incluirse el proyecto para reformar el Jury (o Jurado) de Enjuiciamiento, órgano que actúa ante planteos de remoción de magistrados judiciales.