Corte de ferroviarios en Avenida General Paz altura Miguelete

Corte de ferroviarios en Avenida General Paz altura Miguelete
Trabajadores cortaron ambas manos de la Autopista. Se trata de empleados de las empresas EmFer y Tatsa, ambas del Grupo Cirigliano. Los manifestantes reclaman por sueldos atrasados y la reactivación de sus tareas. Hay caos de tránsito en la zona. En junio del 2012, los empleados también se manifestaron por un ajuste salarial provocado por la quita de concesión a TBA. En julio de 2013, los trabajadores fueron desalojados por Gendarmería. Tras la tragedia de Once, la empresa conserva el servicio de arreglo de trenes.

Una protesta provoca un caos de tránsito en la mañana de este viernes sobre uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. El bloqueo tiene lugar en Avenida General Paz, a la altura de Miguelete, donde trabajadores ferroviarios cortaron ambos sentidos de la Autopista, provocando serios trastornos en la circulación.

Se trata de una protesta de empleados de dos empresas: Emfer (Emprendimientos Ferroviarios) y Tatsa (Tecnología Avanzada en Transporte SA). Reclaman por quincenas adeudadas, el blanqueo de trabajadores terciarizados y la reactivación de las tareas, paralizadas en su mayoría desde el choque del Tren Sarmiento en Once, tragedia que dejó 51 muertos.

Los manifestantes cortan a la General Paz, a la altura de la estación Miguelete del Ferrocarril Mitre, ramal Suarez. Prendieron neumáticos sobre el pavimento y provocan demoras desde Panamericana mano a Riachuelo y a Río de la Plata. El corte es total en ambas manos y los autos están siendo desviados por colectora, generando severas complicaciones.

Cabe recordar que en julio de 2013, LaNoticia1.com dio cuenta de otro bloqueo de empleados de EmFer en ese mismo lugar, donde los trabajadores fueron desalojados por Gendarmería. El episodio también se repitió en junio de 2012. En aquella oportunidad, los manifestantes rechazaron un "ajuste salarial" provocado por la quita de concesión a TBA.

EmFer es una empresa del Grupo Cirigliano, cuyo titular está imputado por el choque de Once. Estos talleres dedicados a la refacción de trenes recibían un subsidio del Gobierno nacional de entre 1 a 4 millones por vagón reparado. El negocio de reparación de material rodante se mantuvo aún después de la tragedia ferroviaria que dejó 51 muertos.

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