Los quince jueces de la Corte Constitucional, el tribunal supremo italiano, debatieron ayer y se pronunciarán mañana sobre la vigencia de la Ley de Legítimo impedimento , un escudo de protección que otorga de hecho impunidad al primer ministro Silvio Berlusconi en su estrategia de retardar y esterilizar otros tres procesos en su contra.
Al parecer, los magistrados harán un compromiso porque están totalmente divididos: eliminarán de la ley, declarando su inconstitucionalidad, el automatismo que permite a “Il Cavaliere” con un simple aviso no asistir a las audiencias de los procesos penales que le siguen en Milán.
Los magistrados milaneses presentaron recursos contra la ley aprobada por el Parlamento en los tiempos felices en que Berlusconi tenía una segura mayoría absoluta que se le ha evaporado en la Cámara de Diputados y que hace trastabillar a su gobierno. Una ley que le daba más impunidad todavía fue declarada inconstitucional por la Corte en octubre de 2009.
El proceso más fastidioso para “Il Cavaliere” lo inculpa de haber coimeado con 600 mil dólares a su abogado inglés David Mills, que fue ya condenado a 4 años y 6 meses de cárcel. Mills declaró en favor del premier conservador en procesos por haber creado fondos negros en el exterior.
El delito está ya en prescripción pero una condena, aunque no mande a prisión a Berlusconi, lo golpeará fatalmente. El jefe de la centroderecha ha sufrido muchos procesos, culminados en prescripciones y otras soluciones “non sanctas” gracias a un ejército de abogados y al hecho de que “Il Cavaliere” domina el poder en Italia, con continuidad en la última década. Tres condenas por seis años de cárcel por corrupción sucumbieron a la prescripción con la estrategia victoriosa de las chicanas de los abogados.
Berlusconi se salvó de caer ante una moción de censura el 14 de diciembre por sólo tres votos. Hace dos semanas que la política está más o menos en el limbo por las fiestas de fin de año, pero el primer ministro volvió ayer a Roma y la vida política recomienza con sus vaivenes dramáticos.
Si los jueces declararan inconstitucional toda la ley, para Berlusconi habría llegado el fin. Si lo hacen en forma parcial, el premier deberá pedir el impedimento legítimo cada vez a los magistrados y lo obtendrá solo en casos muy especiales de su labor institucional. Los observadores señalan que los procesos se reanudarán en ambos casos, debilitando más al Ejecutivo de “Il Cavaliere”, que busca con las convicciones y las compras de voluntades nuevo oxígeno de diputados dispuestos a alargar la vida precaria de su gobierno.

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