La determinación del máximo tribunal comprende al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuyos representantes deberán informar "oralmente al Tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008".

Ese día, la Corte emitió el "Fallo Mendoza", que ordenó "la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca" y "un programa de objetivos y resultados cuyos contenidos y plazos fueron establecidos con precisión respecto a cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria".

La Corte reconoció que "las medidas informativas y el pronunciamiento ordenatorio adoptados con aquel objetivo por esta Corte durante el año 2010 han representado un incentivo para profundizar la ingente función que viene desempeñando el titular del Juzgado Federal de Quilmes", Luis Armella, en quien fue delegado el seguimiento del cumplimiento del fallo.

Pero aún así y ante la situación que atraviesa el plan de saneamiento, "la realización de una audiencia pública con todas las partes que tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones impuestas constituye un provechoso instrumento para que el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento".

En la nueva audiencia pública también "tomará intervención el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha, y la Auditoria General de la Nación, con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento".

La convocatoria fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay