Los beneficiarios de la indemnización son las firmas Cartellone y Pescarmona, socias en el consorcio Cemppsa, que construyó el dique y a quienes el gobierno de Julio Cobos obligó a construir la obra, considerada ahora innesesaria.
Así lo consideró este jueves la Suprema Corte , que encontró al Estado responsable de exigir la construcción del dispositivio de seguridad y ahora tendrá que resarcir al Consorcio de Empresas Mendocinas Para Potrerillos (Cemppsa), integrado por Cartellone y Pescarmona.
El terraplén fue requerido mediante un decreto emitido durante la gestión de Julio Cobos en 2005 ya que se consideraba que la represa no era segura. Ahora la Justicia desestimó esa interpretación, anuló el decreto y consideró a través de informes de peritos que la obra era inútil.
Según algunos cálculos la suma total ascendería a los 16 millones de pesos, incluídos los intereses por lucro cesante.
El monto está compuesto por el costo de la obra más la energia que dejó de producir mientras el lago no llegaba a su cota máxima mientras se hacía el terraplén
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