La provincia de Mendoza parece, al menos en distintos ámbitos, decidida a resistir la “judicialización” del conflicto por el río Atuel. Ante la decisión pampeana de formalizar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que defina respecto de la problemática y determine el daño ambiental que genera esa circunstancia, en la provincia cuyana evalúan la chance de una respuesta coordinada para afrontar la estrategia pampeana.

“La intención es tratar de entablar algún tipo de contacto entre las dos Legislaturas, a fin de evitar cualquier judicialización del conflicto”, dijo la senadora Alejandra Naman, de Nuevo Encuentro.

Otra pata de la estrategia mendocina es dejar la sensación de que resulta imposible que llegue agua del Atuel a La Pampa. La diputada radical Laura Montero apuntó: “Los productores en el Sur no riegan ni la tercera parte de sus explotaciones. No podemos dar algo que no tenemos y menos sin que se hagan las obras hídricas en los cauces de riego. Sin esto, se pierde el 60 por ciento de agua y no alcanza para abastecer las hectáreas necesarias”.

Esas declaraciones forman parte de un artículo del diario “Los Andes”, publicado este martes, en el que se advierten que Mendoza parece tener “respuestas desarticuladas” frente a la decisión pampeana de unificar esfuerzos del oficialismo, la oposición y las organizaciones no gubernamentales.

Espasmos desarticulados

Cinthia Olivera escribe en “Los Andes” que “son un hecho en La Pampa las intenciones de entrar en juicio contra Mendoza, decisión que ya no tiene vuelta atrás y cuyo avance dependerá de los pasos seguros que puedan dar los pampeanos”.

“Y para esto están trabajando con todo: tanto los legisladores oficialistas como opositores, más allá de las distintas visiones sobre el tema, coinciden en la decisión de judicializar el conflicto. La situación es distinta en nuestra provincia, en donde hay silencio oficial respecto al tema, y los movimientos son espasmódicos y desarticulados”, asevera el artículo del diario mendocino.

El periódico recuerda que además del fallo de la Corte de hace 27 años, en 2008 el entonces gobernador Celso Jaque firmó un convenio con su par pampeano, Oscar Mario Jorge, para que Mendoza le ceda a La Pampa 4 metros cúbicos de agua, además de realizar obras para el aprovechamiento del cauce.

“El acuerdo fue polémico y quedó en la nada a partir de que nunca tuvo ratificación por parte de las cámaras legislativas mendocinas”, dice “Los Andres”. Incluso la diputada Montero solicitó la nulidad del acuerdo pero Fiscalía de Estado rechazó el pedido ya que “el mismo no produce efectos legales a la fecha”.

“En Mendoza todavía no hay respuestas más allá de que la posibilidad de un juicio entre dos estados provinciales preocupa a varios. Desde el ámbito de gobernación la respuesta es que ‘hasta que no haya una presentación formal, no darán opiniones’. La última promesa que hubo por parte del gobernador Francisco Pérez fue a fines del año pasado, cuando dijo que enviaría a la Legislatura el convenio que a esta altura suma una demora de 6 años para ingresar en la Casa de las Leyes”, señala el artículo.

Desde la Fiscalía de Estado se alistan en la tarea de recabar información tanto jurídica como en ambiental. En la Legislatura existe la intención de “crear en un futuro una comisión bicameral” para abordar el conflicto. La senadora Naman compone una comisión creada hace siete meses, la cual ha realizado “estudios pormenorizados sobre el tema y ha creado una bibliografía al respecto”.

“El departamento de Irrigación debería descentralizarse para ser más efectivo y trabajar para permeabilizar el cauce, así hay un aprovechamiento de un recurso importante para la provincia”, reclamó Montero en ese contexto.

Queja a Nación

La decisión pampeana de entablar la demanda es cada vez más clara. El último viernes hubo una nueva ronda de consultas del Estudio Badeni: los abogados escucharon las posturas de distintos involucrados en la problemática, incluyendo a los intendentes de la zona especialmente afectada por el corte del cauce del río Atuel.

De distintas bocas y sectores lase escuchó idea que el juicio apunte también al Estado Nacional por los incumplimientos registrados a lo largo de años. Incluso el gobernador advirtió: “Es el país el que tiene que tomar una decisión”.

El viernes, Jorge participó en doble turno de las rondas de consulta. “Los pampeanos tenemos que estar todos juntos, empujando por los derechos y revertir el brutal corte de un río, que es cortar la vida de la gente”, aseveró.

Calificó la reunión como “muy positiva” y, haciendo referencia al reclamo de la provincia, expresó: “Acá se está jugando con la vida de la gente, eso es lo más importante, tenemos que tomar conciencia todos los pampeanos, necesitamos el agua porque el agua es vida y es la vida de la gente”.

Leandro Altolaguirre, referente de la Asociación Alihuen, coincidió con los diputados provinciales de la Comisión de Ríos en que la demanda debería alcanzar al Estado Nacional.

“Lo que nos quedó claro es que ya se tomó la decisión de hacer el juicio, pero no la forma de encararlo. Nosotros, lo que hicimos en particular fue manifestar nuestra preocupación por la degradación ambiental que se viene produciendo a lo largo del tiempo en el sudoeste provincial, la importancia por restablecer los bañados del Atuel, hemos conseguido declaraciones de organismos internacionales del Congreso de la Nación, los distintos perjuicios que han sufrido los pobladores a lo largo de la cuenca del Atuel, las fortalezas y debilidades que tienen para hacer una demanda ambiental”, enumeró el exconcejal por el Frente Pampeano.

La Nación “debería haber sido nuestra guardiana tras la construcción del dique El Nihuil”, dijo el legislador vernista Juan Pablo Morisoli.