Se trata de la causa por la venta al Estado de cuatro hectáreas que pertenecían a la boroquímica Baradero en la zona sur de la ciudad de Salta. Estas tierras aún siguen contaminadas por lo que son inaptas para construir viviendas pero están en poder del IPV.

El principal involucrado es el abogado Alberto Raymundo Sosa, según la denuncia realizada por el diputado del Partido Obrero, Claudio del Plá. De acuerdo a la denuncia los terrenos fueron comprados en 1999 por Sosa a 160.000 dólares y vendidos un año después al Estado por 560.000 dólares cuando por estar contaminados no tenían valor inmobiliario alguno.

Para excusarse, el juez Cornejo adujo enemistad manifiesta con Sosa, mientras que su colega Catalano esgrimió lo contrario: amistad con el autor de la maniobra. En tanto la jueza Kauffman dijo que se excusaba porque su esposo, Guillermo Martinelli, fue abogado del entonces vicegobernador Walter Wayar.

Para resolver las excusaciones, la Corte de Justicia recordó ayer que “constituye un imperativo para el juez apartarse del conocimiento de todo pleito respecto de cuyo objeto, o de sus partes, no puede actuar con plena garantía de imparcialidad e independencia que requiere su actividad jurisdiccional”.

Alberto Raymundo Sosa supo ser abogado del ex gobernador Romero, profesor en la Universidad Nacional de Salta. y figura en el Nunca Más con el legajo 92.036 informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas CONADEP.

El juez Jorge Sosa Vallejo archivó una denuncia penal contra el director de Nuevo Diario, Néstor Gauna, realizada por el abogado Raymundo Sosa quien lo acusó de "negociaciones incompatibles" a raíz de las notas que publicó sobre las operaciones inmobiliarias de La Ciénaga y de Baradero.

Para su determinación, el juez tomó en cuenta el dictamen de la fiscal de Cámara, Josefina David, y la fiscal de la causa, Liliana Jorge, quienes no encontraron delito alguno en los hechos que expuso Sosa en su denuncia.

La denuncia del abogado se dirigió primero contra el procurador Pablo López Viñals, a quien acusó de llevar adelante, con la colaboración de Nuevo Diario, una campaña de desprestigio contra Romero y su familia.