El último episodio espectacular fue el caso de evasión fiscal protagonizado por el ex ministro de Presupuesto francés Jérôme Cahuzac: tras negarlo por meses, reconoció que tenía 600.000 euros en Suiza, que luego transfirió a Singapur.

Desde diciembre pasado, Cahuzac -adalid de la lucha contra la evasión y promotor de drásticos recortes-negó sistemáticamente los hechos. No sólo ante la prensa, sino ante François Hollande e, incluso, ante la Cámara de Diputados, donde la verdad es una obligación moral.

Finalmente, acorralado por la investigación de los jueces, Cahuzac tuvo que confesar públicamente que había depositado en el extranjero sumas considerables de dinero. Los franceses quedaron atónitos y el país entró en un estado de consternación del que aún no consigue salir.

En caída libre en los sondeos, Hollande, que ganó las elecciones prometiendo "una república transparente", acusó a Cahuzac de haber "engañado a las más altas autoridades, al jefe del Estado y al gobierno. Es una ofensa a la república", dijo.

Pero Hollande también decidió aprovechar el episodio para anunciar una reforma del Consejo Superior de la Magistratura "a fin de reforzar la independencia de la justicia"; una ley sobre transparencia del patrimonio de todos aquellos que desempeñen cargos electivos y una ley que prohibirá "todo mandato electivo" a personas condenadas por fraude fiscal o corrupción.

Pero el mal ya está hecho. Una encuesta de TNS Sofres demostró, esta semana, que 72% de los franceses consideran que la clase política es "corrupta". "Es el nivel más alto desde que comenzamos estos estudios, en 1977", reconoce Emmanuel Rivière, director del instituto.

"Esos resultados confirman una tendencia que comenzó en los 80. Desde entonces, los sondeos muestran que Francia pierde confianza en la clase política", explica Pierre Lascoumes, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas.

Pero Francia no es el único país víctima de ese aumento de la corrupción política. En Italia, la justicia inició un nuevo proceso en febrero a Silvio Berlusconi, sospechado de haber "comprado" a un senador opositor.

En España, un juez procesó, la semana pasada, a la infanta Cristina acusada de complicidad en el caso de desvío de fondos públicos que implica a su marido, Iñaki Urdangarin.

Grecia, Gran Bretaña, Chipre, parte de Europa del Este. es raro el país que puede hacer alarde de estar a salvo de la corrupción. En su último informe, la organización Transparencia Internacional afirma que "ningún Estado europeo presenta un balance totalmente favorable en la lucha anticorrupción".

Incluso Finlandia, dotada de un eficaz sistema para prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales, "debería mejorar ese programa. Sobre todo en lo que atañe al conflicto de intereses en el Congreso", afirmó en su último informe el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa.

Europa -un islote de democracia y transparencia en un planeta signado por la injusticia, las dictaduras y la pobreza- parece haber entrado en una espiral de decadencia. Y esto pone en peligro ese bien supremo que es la democracia. "La corrupción es la mayor amenaza que pesa hoy sobre la democracia en Europa. Cada vez son más los europeos que dejan de creer en el Estado de Derecho. Debemos actuar en forma urgente", advirtió, en enero pasado, el secretario general del Consejo de Europa, el noruego Thorbjørn Jagland.

Pero, ¿por qué? Muchos expertos afirman que se debe a la crisis. "No creo que la corrupción haya aumentado", opina Alina Mungiu-Pippidi, del Centro Europeo de Investigación Anticorrupción en la Hertie School of Governance, de Berlín. "Pero la crisis del euro parece haber cambiado la actitud de la gente", agrega.

Un reciente estudio realizado por la Comisión Europea muestra que cerca del 75% de los europeos percibe la corrupción como el mayor problema de sus países. También creen que el fenómeno aumentó en los últimos años. Para otros expertos, la razón de esa "fractura social" revela una nueva realidad: la aparición de una casta mundial que se estima por encima de toda obligación.

"Es una nueva clase social que se comporta como si estuviera por encima de las leyes", ratifica el filósofo francés Marcel Gauchet. "De la fractura social, estamos pasando a un fenómeno mucho más grave: la fractura moral, caracterizada por la impunidad", agrega. En medio de ese desorden, un solo factor parece seguir garantizando el frágil funcionamiento de la democracia: el funcionamiento independiente de la justicia.

En el caso Cahuzac, los franceses tienen por lo menos ese consuelo: la justicia actuó sin trabas. El gobierno no hizo nada para influir la investigación.

"Este asunto fue un escándalo político, pero también un éxito judicial", se felicitó Christophe Régnard, de la Unión Sindical de Magistrados.

Lo mismo se puede decir de España, de Italia y de la mayoría de los países europeos.

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