La Cámara Nacional Electoral no resolverá esta semana el litigio sobre la intervención del Partido Justicialista, sino que lo hará dentro de los próximos quince días. Todo indica que Luis Barrionuevo y sus adláteres interventores se deberán volver a sus casas, en línea con el lapidario dictamen firmado por el fiscal Jorge Di Lello. Las huestes de Barrionuevo, encabezadas judicialmente por el gremialista Carlos Acuña, presentaron escritos de todo tipo para demorar la resolución, incluyendo un cuestionamiento a los apoderados de la anterior conducción –la que lideró José Luis Gioja– señalando que no tienen legitimidad para intervenir porque ya no son apoderados. 

El verdadero objetivo es demorar las cosas lo máximo posible, pero en el ámbito judicial sostienen que las cortinas de humo se terminan la semana próxima. En cualquier país con una justicia acusada de acompañar al oficialismo resulta de alto impacto que esté intervenido el principal partido de oposición. Si no fuera por la protección mediática se estaría hablando de rasgos dictatoriales. Por otro lado, los 24 distritos del Justicialismo participarán el viernes de un congreso en Ferrocarril Oeste, en una demostración de fuerzas contraria a la intervención. 

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Los hombres de Barrionuevo no sólo intentaron trabar la resolución de la Cámara Electoral sosteniendo que los anteriores apoderados no tienen legitimidad, sino que presentan escritos casi todos los días. A veces con la firma de Acuña o Barrionuevo, y otras recurriendo a Oscar Diani, al que se vincula con Eduardo Duhalde. Los planteos son de todo tipo. Por ejemplo, se presentan actas de reuniones del PJ y se cuestiona que las firmas son falsas. También se sostiene que otras actas son nulas por defectos de forma, se objetan las planillas de afiliados, los gastos y una multitud de supuestas irregularidades. En ámbitos judiciales a eso lo denominan “excursión de pesca”, es decir tirar anzuelos y anzuelos para ver con cuál se consigue el objetivo. En lugar de hacer esto en el juzgado electoral de Servini de Cubría todo eso se presentó a la Cámara Electoral para tratar de que ese cuerpo confirme la intervención y a Barrionuevo, el interventor, en su cargo. Finalmente, se apunta a demorar lo máximo posible porque se supone que ante cada presentación hay que darle vista al fiscal y dejar pasar cinco días para que se presenten las partes. 

Pese a todos los esfuerzos, parece que la resolución de la Cámara sale en las próximas dos semanas. En principio, tanto en ámbitos judiciales como políticos existe la convicción que las cosas fueron demasiado lejos. En la Casa Rosada se dice que ya están incómodos con la situación, aunque no hubo ningún pronunciamiento ni público ni extraoficial. No es un tema menor que uno de los partidos más grandes de Latinoamérica y el mundo esté intervenido, a lo que se agregan procesamientos y hasta prisiones sin juicio y sin condena de dirigentes y empresarios opositores. 

Desde el punto de vista judicial, habrá que ver si los dos integrantes de la Cámara, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera se ponen de acuerdo. No debería haber obstáculos porque el fallo de Servini de intervención del PJ es considerado burdo por todos los sectores. La magistrada argumentó que el justicialismo está en crisis por haber perdido elecciones y que eso derivó en la caída de la legitimidad de la conducción. Se trata de un argumento político. Y las cosas se agravaron todavía más con la designación de Barrionuevo, que no es alguien que está por encima de las diferencias en el peronismo, sino que es parte de un sector muy minoritario. 

En el gobierno hay una fuerte ofensiva para establecer una mayoría en la Cámara Electoral, incorporando a Alejandra Lázzaro, una secretaria vinculada con el radicalismo y casada con un dirigente de la UCR, Alejandro Gómez, quien fuera funcionario del ministro de Defensa Oscar Aguad. En la Cámara ya está como presidente Dalla Via, relacionado también con la UCR. Esto conforma un cuadro de vinculación de la máxima autoridad judicial electoral con la Casa Rosada. Pese a esa relación, el rumor es que habrá acuerdo para revocar la intervención y reinstalar la conducción de Gioja dado que es insostenible internacionalmente el copamiento institucional del partido opositor. 

De acuerdo al fallo de Servini, Barrionuevo reemplaza a las autoridades del Consejo Nacional del PJ. Lo que no existe es una intervención del Congreso partidario, presidido por Gildo Insfrán. Por eso, para este viernes en Ferrocarril Oeste, está convocado el Congreso y se supone que van a concurrir delegados elegidos legalmente en los 24 distritos. Se supone que el juzgado electoral debe mandar veedores, porque el Congreso está convocado de forma legal. Y eso será un elemento más que casi seguramente terminará con la intervención antes de fin de mes.