La sugerencia se tomo en virtud de que, a primera vista, se mencionan delitos graves como asociación ilícita y malversación de caudales públicos. No obstante, la última palabra la tendrá la Cámara Penal, que dirime el conflicto de la competencia.

   En virtud de la complejidad de los hechos denunciados por el robo de un auto —ya recuperado—, cinco motos, autopartes, dinero del interior de un rodado, y ante la variedad de delitos tipificados que van del simple hurto al incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, defraudación o asociación ilícita, se plantearon diferencias entre los jueces Correccional Nº 3 (investiga delitos cuya pena máxima no exceda los tres años de prisión) y el de Instrucción Nº 13 (delitos graves, a partir de cuatro años de pena) que ahora deberá resolver sala III de la Cámara Penal.

   En esa instancia, el fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini, emitió un dictamen donde dice que “durante la investigación resulta aconsejable, en caso de duda, la intervención del juez penal de mayor competencia”.

Delitos graves. Según el funcionario, en este estado de las causas “concierne investigar las infracciones reprimidas por los artículos 162 y 248 del Código Penal (hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público, de competencia Correccional), sino otros más graves como malversación de caudales públicos.

   De acuerdo a los expedientes acumulados y los hechos denunciados, dice que no es posible descartar “las figuras previstas en los artículos 173 inciso 7 (defraudación en distintos grados) y 210 (asociación ilícita), y que las maniobras “hayan sido cometidas por un grupo determinado de personas”.

   Mientras se instruyen las causas y la Justicia dictó una medida de no innovar para que, momentáneamente, no se proceda a compactar ni subastar los vehículos alojados en los predios, la Municipalidad impulsa una serie de medidas para descomprimir los corralones reduciendo las faltas de remisión.

   Además, se avanza en los tramites de licitación para reducir a chatarra los vehículos no reclamados y en condiciones legales de tener ese destino.