El represor brasileño Paulo Malhaes, quien fue hallado muerto el viernes, un mes después de que admitiera los crímenes de la dictadura militar de su país ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), vivió los últimos años enfrentando a sus propios fantasmas, sumido en una paranoia que de alguna manera chocaba con la soberbia de creer que nada podía dañarlo. Desde que reveló por primera vez asesinatos y desapariciones, llegó a creer que intentaron inocularle un cáncer.

Mientras la policía de Río de Janeiro investiga los tres posibles móviles del ataque que culminó con la muerte del coronel retirado de 77 años –venganza, destrucción de pruebas o robo–, la CNV solicitó ayer formalmente a la intervención de la Policía Federal, por tratarse "de una situación que involucra a una investigación conducida por la CNV, que es un órgano federal". La CNV se inclina por creer que Malhaes pudo ser "silenciado". Más allá de esto, aunque las primeras versiones de la policía local hablaban de que fue asfixiado con una almohada, el informe preliminar forense publicado ayer por el diario O Globo afirma que la muerte de debió a un infarto ocurrido durante el asalto.

Según pobladores de Baixada Fluminsense, en Nova Iguaçu, una zona rural de Río de Janeiro donde vivió durante 30 años, Malhaes controlaba un "grupo de exterminio" que lo protegía en las sombras. Sin embargo, este cuerpo de élite nunca habría sido visto o denunciado formalmente. Tal vez fuera un mito alimentado por su pasado y la actitud soberbia de quien actuaba como si creyera que nada podía ocurrirle. En la finca que habitaba con su esposa, Cristina Batista, no había más vigilancia que la de unos perros sin linaje. Todo cambió luego de que en 2012 dos periodistas de O Globo llegaran hasta la quinta para entrevistarlo sobre la dictadura. Al principio se resistió con insultos y hasta la amenaza de que recordaba perfectamente "cómo disparar", sin embargo acabó recibiendo a los enviados y dio una entrevista histórica en la que por primera vez reveló el funcionamiento de la llamada Casa de la Muerte de Petrópolis y su participación en torturas y desapariciones. Dos años después lo haría ante la Comisión de la Verdad. Sin embargo, después de aquella declaración a la prensa, se volvió aún más desconfiado. Cierta vez acusó a médicos de un puesto sanitario de Nova Iguaçu de haber intentado inocularle un "cáncer de garganta". La familia, que aseguró haberse enterado de su participación en los crímenes de la dictadura tras estas declaraciones, dijo que en los últimos tiempos vivía recluido, casi sin hablar con nadie.

Ayer, O Globo publicó el documento que habilita al entierro del cuerpo de Malhaes, que indica que el militar "posiblemente tuvo un infarto por causa de lo que ocurría" cuando tres hombres irrumpieron en su vivienda y maniataron a su esposa y al casero, y que su muerte "no fue ocasionada por algún tipo de violencia, como asfixia, una de las posibilidades investigadas". La policía, de todas formas, mantiene las tres hipótesis señaladas antes.

Por su parte, la CNV formalizó ayer la presentación al ministro de Justicia, José Cardozo, para solicitar que la Policía Federal acompañe la investigación del asesinato de Malhaes. La CNV no descartó que el crimen pueda estar relacionado con su declaración y lo llamó una posible "quema de papeles" de parte de antiguos camaradas, para impedir que el militar revelara más datos. «

Muertos por la disputa de tierras

Un total de 34 personas, entre ellas 15 indígenas, fueron asesinadas en 2013 en disputas por posesión de tierras en Brasil, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgados por el portal G1 de la red Globo.

Los datos constan en el informe sobre "Conflictos en el Campo Brasil 2013". Según el CPT, la demora del gobierno en demarcar territorios para pueblos nativos es el factor que hizo estallar los conflictos.

"La principal garantía de supervivencia de esas comunidades es la defensa de su territorio. El gobierno debe garantizársela", dijo el coordinador nacional de la CPT, Isolete Wichinieski.

Según los datos, las muertes de indígenas en 2013 constituyen el mayor número de nativos muertos en conflictos por tierras desde que la entidad comenzó a relevar los datos, en 1985.

La mayor parte de las muertes de indígenas en esas circunstancias tuvo lugar en Roraima, en el extremo norte del país, donde fueron asesinados cinco miembros de la etnia yanomamis.En segundo lugar figura el estado de Bahía, con cuatro muertes.