El gobernador Alfredo Cornejo busca resolver los problemas de inseguridad por los que atraviesa la provincia con un proyecto concreto que pretende la "adhesión a la ley de Emergencia Nacional de Seguridad" y la declaración de la Emergencia en Mendoza, aunque además suma otros puntos en los que intervienen contrataciones y montos de endeudamiento para compras.

Ayer ingresó a la Legislatura el proyecto de ley de Cornejo y considera puntos clave para intervenir la fuerza e incluso el sistema penitenciario de la provincia. Para éste, solicita financiamiento de hasta $1.200 millones de pesos.

Tal como había adelantado el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Néstor Parés, lo primero que el Gobierno busca es la adhesión a la Emergencia Nacional para apuntar a combatir el narcotráfico. Eso quedó plasmado en el artículo 1 del proyecto que se espera tenga un tratamiento rápido en la Casa de las Leyes.

En términos técnicos, la emergencia que busca declarar Cornejo tendrá una vigencia de 24 meses, aunque advierte que este periodo podrá ser prorrogado. 

Uno de los artículos más importantes es el 3, el cual entrega facultades para que el Ejecutivo pueda "adecuar y redefinir las estructuras, misiones, competencias, funciones y acciones de policías y del sistema penitenciario de la provincia". 

En este sentido la cartera comandada por Gianni Venier podrá crear, modificar, extinguir o suprimir el total o una parte de las organizaciones de la policía y el sistema penitenciario, las direcciones y funciones. Así como también, las funciones, jerarquías y roles de los uniformados. En palabras simples, podrá hacer cualquier movimiento de personal que considere necesarios.

Se trata de un punto especialmente importante, porque en el oficialismo consideran que uno de los grandes males de los organismos de Seguridad son los vicios que existen en las estructuras, incluída la penitencia, la cual podría ser una de las que más modificaciones sufra.

Compras directas

Otros punto destacado y que seguro no dejará de ser controvertido es que se autorizaría al gobierno de Cornejo para el uso de crédito de hasta $ 1.200 millones para financiar la construcción, remodelación o ampliación de las cárceles del sistema penitenciario.

Además el Gobierno quiere estar autorizado a tener créditos a través de la Ley 8706 (De Administración Financiera) para el pago de proveedores que intervengan en la venta de bienes  de capital para las fuerzas.

En tanto, si se aprueba el pedido del gobernador en la Casa de las Leyes, el Ministerio de Seguridad podrá, además, convocar a policías y penitenciarios retirados a prestar servicios y podrá desafectar, jubilar o pasar a retiro a los agentes que disponga.