Concretamente, el sector que preside la villamariense Nora Bedano, presentará un proyecto de ley para modificar la ley 10.077 por la cual la Provincia reclamó a la Nación el cese del descuento. Dicha ley, en su artículo 3, dispone que los nuevos fondos que reciba el tesoro provincial cubrirán el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba como prioridad número y que el “remanente” será coparticipado a los municipios.

Esta normativa, según Córdoba Podemos, viola Constitución Provincial porque le quita intendencias y comunas el derecho sobre fondos que le corresponden. Puntualmente, el bloque se basa en el artículo 188 de la Constitución Nacional, que sobre el tema “Recursos” expresa textualmente: “Las municipalidades disponen de los siguientes recursos: Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento 20%”.

“Córdoba Podemos” es el bloque de ocho legisladores que responden al dirigente peronista Eduardo Acastello, quien fuera candidato a gobernador de Córdoba en las elecciones de julio pasado. Está integrado por mayoría de peronistas alineados al kirchnerismo, pero hasta ahora se ha mostrado más crítico del gobierno provincial que los radicales, macristas y juecistas de “Juntos por Córdoba”.

La toma de postura de ayer responde a la primicia que diera LA MAÑANA de Córdoba en su edición de ayer, cuando informó que, por ley 10.077, la coparticipación extra que ingrese al caudal provincial tras el recupero del 15% se destinará a la Caja de Jubilaciones.

“La Provincia de Córdoba necesita imperiosamente de un verdadero gobierno federal y de creciente descentralización, con una mirada de justa distribución de los recursos que le son propios y que deberían ser de los 427 Municipios y Comunas cordobesas”, afirmó la bancada en un comunicado de prensa.

Asimismo, el sector consideró que es “sumamente necesario cumplir en primer lugar con la Constitución Provincial, y en segundo lugar con avanzar en la descentralización y afectación de recursos dispuesta por la Ley, dejando de lado la discrecionalidad política del Gobierno Provincial”.

“Son los gobiernos locales los que deben administrar dichos recursos, y sabemos que es el estamento de mayor control social y de mayor eficiencia en el gasto”, agregó. “De esta manera ninguno o pocos municipios deberían estar en situación de pedir ayuda o adelantos de coparticipación para pagar sueldos, sino que ayudaríamos a que cuenten con los recursos que le son propios”, finalizaron los legisladores.