La noticia de las últimas horas sigue siendo, sin lugar a dudas, la decisión del fiscal Rubén Álvarez de archivar la causa Coprotur.

Esta mañana, en diálogo con Frente a Cano, el funcionario del Ministerio Público explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Entre otras cosas, indicó que no se pudo demostrar la existencia de delitos, aunque admitió que hubo “irregularidades” en el manejo de los fondos del ente comunal. “El pago de sobreprecios no constituye por sí un delito, tiene que configurar una defraudación”, remarcó Álvarez.

Comentó luego que la fiscalía eligió a los proveedores más significativos y comparó la documentación con la del Coprotur, para verificar si eran coincidentes con las prestaciones que habían brindado, y el resultado no arrojó falencias.

Igualmente, indicó que en lo referente a la contratación y pago a proveedores, la causa no fue desestimada sino que quedó archivada a la espera de que aparezcan nuevos elementos que puedan significar un avance.

En otro tramo de la entrevista, el fiscal explicó por qué decidió no llamar a ningún testigo a declarar. “Es jurídicamente imposible citar como testigo a personas que los propios concejales están imputando de delitos porque estaría afectando garantías constitucionales”, afirmó.

Y agregó: “no entiendo qué podría haber cambiado una declaración. Hay prueba objetiva más importante que un testigo”.

¿Vinculaciones con facturas truchas?

En otro orden, Álvarez confirmó que entre los proveedores del Coprotur aparece la empresa XPRO, cuyo domicilio coincide con el de Flavio Carrano, uno de los imputados de la causa Suris (facturas truchas).

Igualmente, aclaró que se trata de un servicio que se prestó (desfile de Sofía Zamolo). “La prestación fue pagada e intervino el banco. No se trata de una factura trucha”, sentenció.