Es una de las provincias que más aporta y menos recibe a raíz de las distorsiones del régimen de distribución de recursos. Los habitantes de Tierra del Fuego perciben más de 7.300 pesos, según un estudio del Iaraf.
Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe son las provincias con mayores ingresos y alta densidad poblacional y sin embargo, a las que menos fondos se giraron. En promedio, los residentes de esas poblaciones recibieron 1.333 pesos, menos de la mitad de aquellas que tienen altos ingresos y baja densidad como Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego, San Luis entre otras, que perciben 3.539 pesos.
La cifra promedio es menor también que las consideradas de bajos ingresos y con alta o baja densidad, en las cuales se contabilizaron giros promedios de 2.768 y 3.558 pesos, respectivamente (ver gráfico). Dentro del primer grupo están Entre Ríos (2.849 pesos), Jujuy (3.099 pesos), Chaco (3.472 pesos) entre otras y Catamarca (5.039 pesos), Formosa (4.894 pesos), Salta (2.341 pesos) en el segundo.
Asimismo, se observan disparidades dentro de cada grupo. "Un habitante de Catamarca recibe, en promedio, más del doble que uno que reside en Salta, siendo que ambas poseen similares características económicas y poblacionales. Del mismo modo, llama la atención que un ciudadano de Tierra del Fuego reciba fondos (7.323 pesos) que son equivalentes a casi tres los que recibe uno de Chubut (2.698) o Neuquén (2.447)", se desprende del informe elaborado por los economistas
"Estas diferencias intragrupos muestran que, si bien el sistema actual de coparticipación posee características redistributivas, evidencia en algunos casos disparidades difíciles de explicar objetivamente", afirmaron desde el instituto. Al respecto, hay que distinguir entre distribución primaria (porcentaje de fondos que se queda la Nación y envía a las provincias) y secundaria (cuánto va a cada provincia). Dentro de esta última, se suelen emplear dos criterios: devolutivo (asignación según el parte realizado) y distributivo (de acuerdo a las necesidades sociales a fin de igualar la prestación de bienes y servicios públicos independientemente si son ricas y pobres).
"Lo ideal sería combinar estos criterios, de modo que el reparto de fondos sea equitativo entre los ciudadanos de todo el país, pero a la vez se minimicen las distorsiones en la asignación de recursos productivos", consideraron los economistas.
Las jurisdicciones con mayores ingresos y alta densidad de población reciben menos dinero coparticipable que el resto, según Iaraf.
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