Las discusiones de la antevíspera trasuntaron en gritos y no se produjeron en algún recinto público, sino en las puertas del comando de campaña del Frente para la Victoria, ubicado en la esquina de avenida Eva Perón y calle Maipú, prácticamente frente al Hospital Zonal.

El jefe comunal había concurrido a ese lugar acompañado por algunos miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Gobierno, Osvaldo Cabrera, además del diputado Rubén Contreras y los concejales Manuel Aybar y Juan Domingo Cabrera, cuando, alrededor de las 21 imprevistamente aparecieron poco más de 20 manifestantes, en su mayoría mujeres.

Las mismas aseguraron que Córdoba se había encerrado en el baño y no quería salir a la calle, aunque cuando Diario Patagónico llegó al lugar del incidente el intendente estaba en plena discusión con el grupo que se había desprendido del sitio de acampe, habiendo llegado a bordo de varios automóviles.

Sus ánimos estaban sumamente caldeados, teniendo en cuenta que el Departamento Ejecutivo había advertido que no renovaría el contrato de prestación de servicios a unos 60 trabajadores, en tanto que ya había acordado continuar con los servicios de otras 44 cooperativas, a las que se otorgó un incremento de 500 pesos mensuales.

Debido a que el grupo de manifestantes le recordó que el gobernador Daniel Peralta había decidido incorporar a su planta a los cooperativistas que prestan servicio en reparticiones provinciales, Córdoba les contestó que hasta el momento ello no pasó del plano de las promesas.

Al intendente lo acusaron también de haber facilitado el ingreso de familiares a la planta del municipio, pero no pudieron dar nombres cuando el mismo les exigió que dieran a conocer algún nombre.

LA TENSION

La situación se tornó tensa cuando al lugar llegó una Trafic con un grupo de policías, pero el propio Córdoba les pidió que se retiraran, tras lo cual continuó la discusión.

La misma terminó luego que a los manifestantes se les pidiera que levantaran el campamento que instalaron frente al municipio y firmaran el acta para lograr el beneficio económico otorgado a otras cooperativas, con lo cual quedaría sin efecto la virtual rescisión del contrato de prestaciones.

Como era de esperar, el grupo reiteró que no aceptaba la propuesta y que estaba cansado de trabajar en esas condiciones ya que sus ingresos no superan los 5 mil pesos y además no cuentan con los beneficios sociales que debe tener todo trabajador.

La problemática social y laboral alcanzaría su punto máximo de tensión cuando alrededor de las 14 siete cooperativistas, entre ellos tres mujeres (una de ellas embarazada), decidieron treparse a una de las dos estructuras metálicas de casi 80 metros de altura que se encuentran en el patio trasero del municipio y son utilizadas para antenas de telefonía y servicio de internet.

La mayoría de los manifestantes ascendieron no más allá de los 20 metros, pero uno de ellos, identificado como Gustavo Ortiz, de 22 años, llegó hasta los 70.

Debido a que balanceaba su cuerpo y solo se sujetaba a los hierros con una pierna, sus compañeros le gritaban que se bajara, pero el muchacho no hizo caso.

Al lugar llegaron policías de la Seccional Primera, personal de Protección Civil, una ambulancia del Hospital Zonal e integrantes de la Brigada de Rescate de la Unidad Quinta de Bomberos.

Estos últimos no pudieron convencer a los cooperativas que bajaran, por lo cual optaron por “anclarlos”; es decir colocarles sogas para evitar que cayeran por algún descuido, pero les era imposible asistir a Ortiz dado que se corría el riesgo que él decidiera arrojarse al vacío y por ello solo le alcanzaron una campera de abrigo.

Antes de que ello ocurriera, otras mujeres se encadenaron en la base de la torre principal, en tanto que la principal vocero del grupo, Vanina Cardozo, estalló en ira y rompió varios vidrios de ventanas del edificio municipal.

Al menos hasta las 18:30, las autoridades no se habían hecho presentes en el lugar y los manifestantes solo recibieron otra propuesta vía telefónica, por la cual se les ofrecían puestos laborales como personal de maestranza en empresas mineras, lo cual también fue rechazado por los manifestantes.