Luego de la publicación exclusiva de LA BRUJULA 24 sobre los pormenores de la investigación de la Justicia Federal sobre las usinas de facturas truchas de Juan Suris y sobre las empresas usuarias de esa facturación, la Cooperativa Obrera -una de las firmas apuntadas por el juez- desmintió categóricamente tal situación.
LO QUE DICE LA COOPERATIVA
Ante noticias periodísticas difundidas el día viernes 28 de marzo con relación a la "causa Suris" y que involucran a la Cooperativa Obrera, la entidad se dirige a sus asociados y consumidores en general para desmentir categóricamente esa agraviante imputación.
En el año 2011, la Cooperativa compró a la empresa “CVP Industria S.A.” planchadas de madera por un neto de $ 111.004.- más $ 23.310,83 de IVA. Las facturas entregadas por el proveedor cumplían con todos los requisitos formales, y la consulta a la página de AFIP las indicaba como válidas. Una vez recibidos los elementos adquiridos, los pagos se realizaron mediante la entrega de cheques cruzados, no a la orden, practicándoseles las retenciones de IVA y ganancias correspondientes. Ante el requerimiento de la AFIP, toda esta información fue proporcionada y respaldada en el año 2012. Ese organismo no determinó ajuste alguno a las declaraciones juradas de IVA presentadas por la Cooperativa Obrera.
Consecuentemente, la Cooperativa Obrera afirma que de ningún modo infringió ni infringe normas impositivas, ni ley alguna. Por lo tanto, rechaza cualquier imputación o referencia que persiga su desprestigio y/o el de sus directivos y personal.
LO QUE DICE LA JUSTICIA
El jueves pasado, el juez federal Santiago Ulpiano Martínez procesó con prisión preventiva a Juan Ignacio Suris como jefe de una organización delictiva que se dedicaba a crear empresas fantasmas para vender facturas truchas.
En la extensa la resolución, el magistrado explica el funcionamiento de las “usinas” de Suris y apunta, principalmente, a las empresas que adquirieron facturas truchas por valores superiores a 100 mil pesos, pues superan la condición objetiva de punibilidad y son pasibles de reproche penal.
En el caso de la Cooperativa Obrera, Martínez señala que se trata de “una significativa usuaria de la facturación apócrifa distribuida por la organización encabezada por Juan Ignacio Suris”.
Y agrega que “de acuerdo a las auditorías fiscales, y a tenor del artículo 18 de la Ley 24.769, hay elementos de prueba para sostener que dicha empresa fue usuaria de facturación apócrifa”.
“La Cooperativa Obrera Limitada (CUIT n° 30-52570593-1) posee facturas de CVP Industria. Y ellas fueron pagadas con cheques del Banco de la Pampa a la orden de CVP. Algunos de esos cheques fueron cobrados por el apoderado Indalecio Peral y otros por el propio Juan Suris”, precisa Martínez.
En otro tramo, Martínez da detalles de la empresa fantasma que le facturó a la Cooperativa y a tantas otras firmas: “CVP Industria S.A. fue constituida el 11 de marzo de 2009 por Juan Ignacio Suris y Nicolás Ibarra Gutiérrez. Con Domicilio Fiscal en Valentín Gómez 2886, planta baja, departamento 2 de la ciudad de Buenos Aires”.
“La ‘usina’ de Suris no tiene libros contables, sociales y subsidiarios de IVA. No registra ni verifica existencia real de bienes de uso ni de cuentas a cobrar. Y respecto de los talonarios Facturas A y B entregadas, las mismas no reconocerían contraprestación de servicio alguna”, sostiene el juez.
Tras esa verificación, la AFIP incluyó a CVP Industria en la base de datos de emisores de facturación apócrifa.
En tanto, fuentes judiciales consultadas esta tarde por LA BRUJULA 24, insistieron en que la investigación prosigue y se profundiza tanto en el caso de la banda de Suris como en el de las empresas que operaban con ella.
Comentá la nota