Aunque ya pasó la violencia incendiaria desatada el jueves pasado cuando la intendenta Mónica Hernández, se presentó en el municipio para reasumir en el cargo del que había sido suspendida primero y destituida después, la situación institucional en el municipio de San José está lejos de ser normal.

Es que aunque el municipio volvió a tener una conducción, el pueblo está dividido entre quienes consideran que Hernández debe concluir su mandato popular y quienes la quieren desterrar definitivamente del municipio a raíz de las fuertes sospechas acerca de malversación de las regalías mineras durante su gestión. Estas irregularidades fueron planteadas primero por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y seguidas de cerca después por el fiscal de instrucción de Santa María, Marcelo González, quien la investiga por alrededor de una decena de causas y hasta llegó a ordenar su detención.

A su vez, el propio fiscal está cuestionado por su accionar judicial y los diputados del interbloque analizan la posibilidad de pedirle un jury de enjuiciamiento.

Para completar el cuadro de situación, el Concejo Deliberante de San José también está cuestionado porque durante todo este año prácticamente no sesionó debido a la subrogancia que mantenía uno de sus miembros en el municipio y debido a que nunca hicieron asumir a un edil suplente.

Con ese mar de fondo, el bloque de diputados del FCS ingresó -el miércoles- un improvisado proyecto solicitando la intervención del municipio de San José, propuesta que habrá que ver si ahora sostienen, sobre todo después de que el ministro de Gobierno, Javier Silva, señalara que la intervención es "un remedio extremo".

Historia

Las sospechas acerca del destino que la intendenta Mónica Hernández dio a millonarios recursos que ingresaron al municipio en concepto de regalías mineras comenzaron mucho antes, pero en octubre del año pasado los concejales avanzaron -en un polémica sesión- en la suspensión de la intendenta, argumentando que no había respondido los pedidos de informes solicitados y que pesaban demasiadas sospechas sobre su accionar al frente del municipio. Esa suspensión demoró en efectivizarse porque Hernández resistió la medida, atrincherada en el municipio.

Justo cuando se vencían los plazos de esa suspensión -que la Corte avaló- los ediles decidieron destituirla en otra polémica sesión que finalmente la Corte terminó invalidando por no contar con el quórum legal -de dos tercios- para removerla del cargo. El problema es que, entre la destitución de Hernández -en diciembre- y la decisión de la Corte -de fines de septiembre- pasaron nueve meses en los que el municipio estuvo a cargo del concejal Pedro Lagoria, otro actor clave en el conflicto.

Ahora, el retorno de Hernández al municipio estuvo empañado por otra polémica decisión del fiscal que decidió ordenar su detención justo el día en que recuperaba el cargo. Liberada un par de días después, Hernández reasumió en medio de graves disturbios, que incluyeron daños a bienes municipales y heridos.