Para cobrar una suma de dinero en concepto de indemnización por el tiempo pasado en prisión, los ex presos políticos de Mendoza deberán presentarse a un censo que fue convocado esta mañana por la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia.

La medida, que alcanza a los presos políticos entre 1955 y 1983, fue establecida por una ley nacional que no está reglamentada y en consecuencia aún no hay un mecanismo para determinar quiénes serán beneficiarios.

“Lo cierto es que no hay un requisito probatorio muy estricto (para saber quiénes fueron verdaderamente presos políticos) y en eso sólo tenemos la ayuda del Archivo Nacional de la Memoria”, reconoció María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos.

Además de los beneficios que obtendrán según la Ley Nacional, quienes sean probados como ex detenidos recibirán atenciones especiales desde el Gobierno Provincial. “La idea es saber cuál es su situación actual, las necesidades que tienen en cuanto a vivienda, salud, etcétera, para poder encarar las políticas públicas en este sentido”, añadió Ubaldini.

Para anotarse en el registro, las personas que hayan sido presos políticos en el período entre 1955 y 1983 deberán presentarse en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en el tercer piso de la Casa de Gobierno, de 8 a 17 y llenar voluntariamente un formulario (ya estructurado desde la Nación) para censarse como ex preso y otro para hacerse acreedores de las indemnizaciones.