Convenio para la reforma procesal en materia penal

El convenio fue suscripto por le Gobernador, Miguel Saiz y el miembro de la Dirección Ejecutiva del Instituto Alfredo Pérez Galimberti.

Cipolletti.- El Gobierno de la Provincia y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, (INECIP) firmaron ayer un acuerdo que tiene por objeto establecer un marco general de cooperación para el desarrollo y cumplimiento de programas de actividades para impulsar, desarrollar e implementar la reforma procesal en materia penal en Río Negro.

El convenio fue suscripto por le Gobernador, Miguel Saiz y el miembro de la Dirección Ejecutiva del Instituto Alfredo Pérez Galimberti.

La ceremonia tuvo lugar en la tarde de ayer en el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la presencia del Vicegobernador, Bautista Mendióroz, ministros del Gabinete provincial, legisladores, representantes de la Asociación de Magistrados e invitados.

Luego de la suscripción del acuerdo, Pérez Galimberti destacó que en la Argentina el juicio es oral, público y por jurados. “Esto dice la constitución. Nos estamos demorando mucho en poner en obras esta manda constitucional. En algún momento se dijo que estoy ha pasado en desuetudo. Pero esto no fue una elección casual de nuestros padres fundadores, fue una acción claramente política”.

“Entender el juicio por jurado como una opción técnica, es decir es ponderar si las personas que conforman la sociedad están preparadas para esto, es algo que pertenece al pasado. Si queremos realmente construirnos como una república democrática tenemos que apostar a esta herramienta democratizadora de participación ciudadana en la justicia”.

Señaló además que la decisión de poner en marcha este proceso, en el que ya están comprometidas otras provincias argentinas y la Nación, “esta mostrando que hay una corriente no solo de pensamiento sino también de acción dispuesta a poner finalmente transparencia lo que pasa en el Poder Judicial”.

Palabras del Gobernador

Por su parte, el Gobernador de la Provincia, señaló que se iniciaba hoy un nuevo camino en la Institucionalidad de nuestra Provincia “con un paso trascendental en la búsqueda de una mayor respuesta de nuestro sistema judicial que satisfaga las necesidades de la población en la materia lo que, en definitiva, es el objetivo máximo que nos debemos plantear quienes tenemos la enorme responsabilidad de estar al frente de un Gobierno”.

Dijo además Saiz que cuando se tomó la decisión de convocar a la Comisión Reformadora del Condigo Procesal, “lo hicimos bajo el convencimiento de que con este acto de alta calidad política, estábamos saldando una vieja deuda para con nuestra sociedad”.

Dijo que esta convocatoria “no es otra cosa que una parte fundamental de ese gran objetivo que nos planteamos hace más de un año cuando impulsamos la reforma constitucional que tenía por objetivo sentar las bases institucionales de los próximos 30 años mejorando al calidad del Estado”.

Luego de señalar el absoluto convencimiento de la necesidad y urgencia de avanzar en un nuevo código Procesal Penal en Río Negro y la necesidad de impulsar el sistema acusatorio oral y contradictorio, asegurando la participación ciudadana a través de juicios por jurados, Saiz destacó que la reforma procesal constituye una asignatura pendiente por razones constitucionales, políticas y doctrinarias.

Señaló además que “es necesario un cambio y este Gobierno ha tomado la decisión política de llevarlo adelante. Queremos avanzar hacia un a reforma procesal penal íntegra, profunda, responsable y seria que abandone el sistema mixto y la escrituralidad”.

Dijo que además de cuestiones constitucionales, están las razones políticas que llevan a plantear un cambio. “A nadie escapa que la Justicia Penal está deslegitimada, sin credibilidad social, con escasa capacidad de respuesta a las demandas de una sociedad que interpela en forma cotidiana al sistema judicial. Tenemos que transformar nuestra justicia”.

Finalmente Saiz destacó que “debemos terminar con la sensación de impunidad y otorgar más garantías a los justiciados, aumentando la participación de las víctimas y posibilitando la persecución penal, eficaz, siempre respetuosa de las garantías de los imputados”.

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