El Ministerio de Producción rubricó con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación un convenio tendiente a implementar el Régimen para la recuperación de la Ganadería Ovina de Jujuy, promoviendo la continuidad de asistencia oficial a diversas familias productoras de la provincia.

El acto apuntará a optimizar la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos locales, impulsando la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente el mantenimiento e implementación de fuentes de trabajo y radicación de la población rural.

Así lo establece el documento que firmó el titular de la cartera ministerial local, Gabriel Romarovsky con representantes de la dependencia federal.

El ministro repasó que la Ley 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (y su Decreto Reglamentario 1.031) permitirá un escenario más favorable para el rubro, contribuyendo a resolver diferentes dificultades de los productores.

Repasó que la actividad significa la economía de subsistencia particularmente en la Puna, con características notoriamente diferentes al ambiente ovino de otras regiones del país.

El funcionario consideró que esta herramienta legal respaldará a diversas familias con asistencia financiera (créditos y aportes no reintegrables) a través de la generación de proyectos, manteniendo el beneficio a establecimientos en desarrollo, promoviendo el fortalecimiento integral de los sistemas productivos e incorporando nuevos beneficiarios. Asimismo, manifestó que la vigencia de esta herramienta legal será por 10 años más y será ejecutada a través de la Coordinación Ley Ovina de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero.

Impacto local

A modo de repaso, el secretario de Desarrollo Productivo Jorge Flores, afirmó que la implementación de la Ley 25.422 a partir del 2002 en Jujuy colaboró con la mejora de la infraestructura predial, compra de animales, implantación de pasturas, abastecimiento de agua en algunas localidades, capacitación, trabajos de investigación para la zona, maquinaria para el laboreo de campos y otros beneficios, con alcance para 653 familias y mediante una inversión superior a los 5 millones de pesos. Por ende, confió en que la continuidad de este instrumento legal posibilitará extender el horizonte productivo de distintas poblaciones rurales.