El Organismo de la Constitución viene receptando el reclamo de diversos sectores de las comunidades afectadas en las que sus pobladores expresan su descontento frente a medidas que perjudican la educación de sus hijos, ocasionan demoras en sus trámites y menoscaba, directamente, el derecho que tiene todo habitante de la Nación de circular libremente por el territorio argentino.

“Muchas veces, -sostienen,- paradójicamente, son los sectores que reclaman la igualdad para todos los que defienden las desigualdades pues, con la excusa de un reclamo que puede ser justo, vulneran la Constitución y las Leyes, pretendiendo no ser sancionados por ello”.

La Defensoría consideró que se está reclamando una “posición más activa en los poderes instituidos, como ser la justicia, pues son, generalmente, unos pocos los que atropellan las potestades de muchos”, citándose como ejemplo el reciente corte sobre la Ruta Provincial Nº 1 a la altura de Misión Laishí, “en el que, al momento de realizar una constatación pudimos observar unas ramas tiradas en la ruta, un pasacalles atravesándola y cinco personas sentadas cómodamente mientras decenas de miles de familias del sureste de la provincia debían realizar un gigantesco rodeo para cumplir con sus obligaciones laborales o en el peor de los casos, como el reclamo de una hermana religiosa y otras personas, niños y ancianos, de la comunidad realizar una tortuosa travesía para recibir atención médica y la situación se recrea en cada piquete que se concreta”.

“Solo podemos decir que la toma de escuelas es realizada por personas que no comprenden el alto costo de la ignorancia y de la terrible pérdida que implica para toda la comunidad que un niño o joven no pueda asistir a un día de clases, ni que decir cuando se priva al vecino del interior, de realizar un trámite ya sea medico, administrativo o privado, pues generalmente ha solicitado permisos con días de anticipación para efectuarlo”, sostuvo.

“Todo reclamo que pretenda manifestarse por medio de un delito, -remarcó finalmente el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca-, deja de ser protesta y se queda en el plano del mero hecho delictivo, exponiendo a quien lo comete a la pena prevista, según corresponda”.

Desde la Defensoría se aludió a que en forma permanente vienen exhortando a que la gente conozca sus derechos y haga ejercicio de los mismos, el derecho de peticionar a las autoridades, es una garantía de la Constitución y debe asegurárselo, en todos los casos hay que garantizar que todo reclamo justo e incluso injustificado llegue a nuestras autoridades. “Pero si pretende manifestarse una petición violando derechos de los cuales es dueña toda la comunidad, estimamos que los poderes instituidos deben dar un mensaje claro en el sentido de que frente a la ley no hay privilegios y todo aquel que desee manifestarse puede hacerlo, así como todo el que comete un delito debe ser juzgado y condenado, es importante cuidar del orden público y garantizar el derecho de todos los formoseños, porque la otra opción es el caos y sabido es a lo que el mismo conduce”, se concluyó.