En esa línea, Gómez aseveró que en reiteras oportunidades solicitó a la empresa que realice las instalaciones de los medidores en las dependencias municipales donde la empresa suspendió el servicio.

“No estábamos colgados, si tenía alguna duda quedó despejada. Esto persigue intereses políticos, porque una empresa de carácter mixto donde tiene participación el Estado no puede hablar con tanta liviandad y desprestigiar a un municipio. Hace 8 años que se vienen compensando las deudas con la empresa”, dijo Gómez a Radio Ancasti.

Por su parte, el presidente de la EC SAPEM, Guillermo Dalla Lasta, evitó polemizar con el jefe comunal y descartó que la empresa esté ejerciendo algún tipo de persecución hacia algún funcionario.

“No existe ánimo de perseguir a ningún funcionario del interior; la empresa cumple su rol de fiscalizar. El municipio estaba en la ilegalidad por eso se le cortó el servicio. Además, en el caso de Mutquín ya había sido notificado en varias oportunidades, no se presentaron para regularizar su situación”, afirmó Dalla Lasta en diálogo con El Ancasti.

Y aclaró que el servicio se reanudará una vez que el jefe comunal presente la documentación que le solicitó la empresa.

Dalla Lasta comentó que Gómez fue recibido en la tarde de ayer por el directorio, donde se le aclaró que en la medida que ejecutó la empresa no hay ningún tipo de persecución.

"No es posible que la empresa realice denuncias penales a personas comunes cuando cometen irregularidades y las instituciones que tendrían que demostrar con su ejemplo que están cumpliendo con la ley, no hagamos nada. El municipio no estaba en la legalidad, se intimó y nunca vino por la empresa. No hay usuarios privilegiados ni comuneros, a todos los usuarios se los trata por igual; la empresa debe efectuar un control porque no se puede permitir que cualquiera haga lo que quiera", concluyó.