Un senador radical advirtió a los tres intendentes del sur mendocino que incurrirán en "incumplimiento de los deberes de funcionario público" si no reclaman al Gobierno provincial la coparticipación de los fondos obtenidos gracias a la prórroga de explotación de las áreas petroleras que se firmó en 2010.

Armando Camerucci formalizó el reclamo por carta a los tres jefes comunales, que pertenecen al PJ, como "representante del Cuarto Distrito Electoral". Las misivas reclaman "medidas conducentes" para que las comunas del sur no resulten perjudicadas si persiste la postura del Gobierno provincial, que no quiere entregar a los departamentos parte de los fondos que cobró.

Las cartas de Camerucci precisan que el Gobierno provincial recibió de las petroleras una suma por única que vez que rondaría alrededor de los 750 millones de pesos por la prórroga de las concesiones. El "valor llave" del contrato se estableció en dólares (142.950) y fue pagado a la Provincia en cuotas y con intereses.

El problema es que ese acuerdo se formalizó por decreto y sin coparticipar los beneficios, lo cual generó una demanda del intendente radical Víctor Fayad que fue aceptada por la Corte provincial el 20 de diciembre pasado.

El fallo dice entre otras cosas que "la provincia no podía disponer de ese dinero por decreto" y que "debía coparticipar los recursos con los municipios". Bajo estos y otros argumentos declaró inconstitucional el artículo 2 del decreto número 3.089/10.

Ante eso, el senador radical señaló a los tres intendentes por igual que "el municipio del cual Ud. es el máximo responsable de cuidar sus intereses no debe quedar inactivo ante la envergadura y/o trascendencia de lo dispuesto por la Corte".

Lo cierto es que todos los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, están analizando sus estrategias para reclamar los fondos que Celso Jaque y Pérez no coparticiparon en 2010 (algo más de 140 millones de pesos).

En el caso del PJ, uno de los destinatarios de las cartas de Camerucci, Juan Agulles (Malargüe) señaló que los intendentes han pedido reunirse con el gobernador para analizar el tema.

Pero Pérez no quiere pagar y piensa apelar la sentencia a la Corte Nacional, para no entregar a los municipios el dinero que el alto tribunal provincial le reclama repartir.

Las cifras sin disímiles, pero en la carta de Camerucci figuran las que corresponden a los tres departamentos citados.

San Rafael, conducido por Emir Félix, debería recibir casi 14 millones de pesos. En cambio, General Alvear, cuyo intendente es Juan Carlos de Paolo, sería beneficiario de 5,3 millones. Por último, Malargüe recibiría 2,6 millones de pesos.