Para hoy está citado el grupo Cartellone-Distrocuyo, pero lo cierto es que ayer varias de las contratistas de Vale que hasta ahora trabajaban en el campamento de Potasio Río Colorado, luego de amagar con no hacerlo en los días previos, firmaron ayer un compromiso ante el Ministerio de Trabajo para dejar sin efecto los telegramas de despido enviados y reincorporar a los trabajadores. Pero lo hicieron con una condición: que Vale "reconozca los costos incurridos por el acatamiento" de la conciliación obligatoria.

Es una nueva senda que se abre, aún sin saber cómo se expedirá la Justicia provincial frente al pedido de medida de no innovar presentada a primera hora de la mañana por la Uocra contra Potasio Río Colorado S.A. (Vale), con aval del Gobierno provincial. Algo que podría saberse a más tardar mañana y apunta a retrotraer la situación general del proyecto al momento de que Vale decidiera su suspensión (el lunes 4 de marzo), de lo cual depende que siga o no el bloqueo de trabajadores del acceso al predio.

La brasileña Camargo Correa S.A, junto a las UTE Skanska-Millicic-Chediak y las neuquinas RJ Ingeniería-Zonis SA, Contreras Hnos- Sapag S.A., firmaron el acta al cabo de la audiencia en el Ministerio de Trabajo solicitada por el sindicato de la construcción. Específicamente, Skanska se comprometió a no despedir trabajadores "hasta la finalización de la conciliación obligatoria".

En conjunto, las firmas nombradas manifiestan: "Que "Potasio Río Colorado SA reconozca los costos incurridos por el acatamiento de la conciliación obligatoria, que retrotraigan los telegramas y que notifiquen a Afip la reincorporación de trabajadores".

Los Andes intentó recabar la opinión de referentes de Vale respecto al planteo de las contratistas, pero no hubo respuesta. Cabe recordar que la filial de la minera en Argentina está virtualmente acéfala tras la partida de su CEO, Sergio Leite.

Por la tarde, directivos de Cartellone se lo comunicaron a la conducción gremial: al menos 50 empleados cesanteados serán reubicados en otras obras ejecutadas por la constructora, en tanto que a un número similar se les pagará al menos hasta el 18 de abril.

"Sabemos que las empresas con contratos rescindidos han planteado lo mismo a Vale, así que si ellos no tienen capacidad para reasumir el costo laboral, tendrá que afrontarlo Vale", resumió el secretario general, Fernando Anaya, sobre los condicionamientos.

Antes, fuentes de la UTE que conforma con Distrocuyo, habían señalado que Vale no canceló "ningún costo asociado al receso pese a los múltiples reclamos".

La vía administrativa

Si bien la quita de la concesión de Potasio Río Colorado es una opción remota para el Gobierno mendocino habida cuenta de que el Código minero establece como causal un abandono de mina de al menos 4 años (salvo incumplimientos comprobados), la expropiación de la titularidad del proyecto a Vale es un recurso vigente. En cualquier caso, la provincia podría, a través de Emesa, participar de la explotación de la mina para la producción de sales y de su industrialización, como lo propone el proyecto del senador Gustavo Cairo (Pro) que el gobernador Pérez quiere impulsar.

Para tener certezas igualmente debe pasar agua bajo el puente hasta el 18 de abril, plazo máximo previsto para la conciliación obligatoria declarada el viernes último, y un período durante el cual desde el Ejecutivo confían en agotar la instancia negociadora con la corporación brasileña, algo que remitirá cualquier gestión.

Pese al cambio de discurso oficial, que pasó de las amenazas a garantizar la seguridad jurídica, hay responsables de "encontrar el pelo en la leche" para cuestionar suficiente lo hecho por Vale de ser necesario. El secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, tiene la misión de avanzar con esa consigna en materia de la declaración de Impacto Ambiental.

De hecho, Zandomeni decidió ayer enviar una guardia de la Policía Ambiental Minera a PRC, una señal en ese sentido. Por lo demás, el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, con Rodolfo Lafalla como referente, se encarga de monitorear aspectos laborales y, el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García, de la arquitectura legal.

"Expropiar implica una indemnización para la compañía, pero tiene como ventaja que con la posesión de la mayoría accionaria el emprendimiento sigue existiendo y puede sumarse a un inversor privado. Como no existe lucro cesante, el resarcimiento usualmente debe reconocer la inversión realizada y puede surgir de un acuerdo que, por ejemplo, implique destinar parte de los ingresos por la venta de la producción una vez en marcha el proceso", analizó un conocedor del entramado jurídico aplicado a distintas concesiones en la Provincia.