El funcionario explicó que la resolución está fundada en el marco normativo local, provincial y nacional, los antecedentes que surgen del expediente y el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales.

“Hay una contraposición de intereses y derechos que surgen palmariamente a partir de la audiencia pública sobre el impacto que podría causar en esa zona la instalación de un comercio de las características como el solicitado”, afirmó Buezas.

Con respecto al cuestionamiento que le hicieron al Municipio sobre el tiempo que pasó desde el pedido de habilitación hasta que se expidió, el secretario de gobierno afirmó que “si ante la solicitud la administración pública hace silencio, el silencio se considera denegatorio. Entonces se le habilita una vía para recurrir y en su caso habilita la vía judicial”.