La Justicia provincial cierra el viernes otra semana paralizada, mientras se cumple la segunda parte del nuevo paro de 48 horas convocado por la Asociación Gremial de los Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). El Tribunal Superior de Justicia dispuso el jueves la implementación de guardias mínimas, pero el gremio las calificó de ilegales y adelantó que impugnará la acordada.

En el medio, los abogados siguen manifestando su preocupación por la paralización de la actividad judicial que impacta directamente en sus fuentes de trabajo, y produce importantes demoras en la resolución de todo tipo de litigio. “De continuar hasta noviembre el conflicto, estaremos hablando de medio año judicial perdido”, adelantó Alejandro Tejerina, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

El gremio, que reclama que se aplique el sistema de porcentualidad salarial, concreta el viernes su séptimo día de paro desde agosto, cuando comenzaron las idas y vueltas en las negociaciones con el Tribunal Superior.

“La disposición de guardias mínimas es ilegal, ya lo habíamos impugnado en 2009 y vamos a volver a hacerlo ahora”, protestó el jueves Irina Santesteban, y llamó a los trabajadores a no cumplir con el pedido del Alto Cuerpo. “La declaración de servicio esencial del Poder Judicial debiera ser por ley, por lo tanto, no lo reconocemos así: ningún empleado puede ser obligado a trabajar en contra de su voluntad”, expresó la titular de la AGEPJ, y aclaró: “menos aún si nos van a descontar los días no trabajados”.

“Los abogados somos los perjudicados directos en este conflicto, somos los que no estamos cobrando honorarios, y las quejas provienen de todos los fueros”, expresó Tejerina, y abogó por el retorno del diálogo. “Anhelamos y esperamos que las partes se pongan a conversar, porque las guardias mínimas pueden descomprimir un poco la cuestión, pero no deja de ser un parche cuando lo que se necesita es una solución”, valoró.

Según el titular del Colegio, si el conflicto se extiende dos semanas más, “estaremos hablando de medio año judicial perdido”, considerando que el conflicto viene desde agosto y que estamos prontos al receso por feria judicial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, Luis Quassollo, consideró que las medidas de fuerza del gremio están “excedidas”. “Vamos a insistir con que se retome el diálogo, y con que el gremio cese con las medidas de fuerza”, manifestó. Este viernes se reúnen los presidentes de los colegios de toda la provincia para analizar el estado de situación y reiterar su oferta de intervención en el conflicto.

Dos agentes. El TSJ emitió este jueves un comunicado informando que se dispusieron guardias de “por lo menos un mínimo de dos agentes para la atención al público” en cada cámara, juzgado, fiscalía o unidad judicial.

El acuerdo reglamentario fue presentado como una medida que pretende “salvaguardar en la proporción necesaria los intereses de todos: el de la Justicia en favor del ciudadano en primer lugar; el de los abogados en su condición de profesionales trabajadores que merecen su remuneración digna; y el de los empleados del Poder Judicial a quienes, en su gran mayoría, se les respeta el derecho de huelga, salvo los excepcionales supuestos que deben cumplir las guardias mínimas”.

Sigue. El viernes se concreta la segunda jornada de paro de esta semana, y tras el feriado del próximo lunes, el gremio se reunirá en asamblea el martes. “El conflicto sigue”, sentenció Santesteban.

Allocco, juez y ¿empresario?

En medio del peor conflicto judicial de los últimos años en Córdoba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos García Allocco, quedó el jueves en el ojo de la tormenta a partir de un fuerte cuestionamiento público hecho por el sindicato judicial.

El miércoles por la noche, en el programa ADN de Canal 10, Irina Santesteban, secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), denunció que Allocco es titular de una firma dedicada a la explotación agropecuaria, actividad que sería incompatible con su función como vocal del TSJ. “Se trata de una clara violación de la Constitución, que impide que los máximos responsables de impartir Justicia en la provincia, tengan otros negocios”, dijo Santesteban.

De acuerdo al cuestionamiento del gremio, García Allocco se dedica en campos de su propiedad al cultivo de soja, a la cría de ganado bovino, y a la actividad inmobiliaria. En ese sentido, desde 2006 está inscripto en el Registro Nacional de la Seguridad Social como “empleador”, y paga el Impuesto a las Ganancias por dichas actividades. Según Santesteban, la Constitución prohíbe que las máximas autoridades judiciales se desempeñen económicamente en el ámbito privado, planteándolo como una expresa “incompatibilidad” de cargo.

Conocida la denuncia, García Allocco se defendió a través de una entrevista radial en Mitre 810, asegurando que “esa cuestión ya estuvo resuelta hace muchos años”. Extrañamente, el presidente del TSJ aseguró que “la actividad agropecuaria no es una actividad comercial”.

“Está definida de otra manera”, sostuvo el magistrado sosteniendo una particular visión del negocio agropecuario. En ese sentido el titular del TSJ enmarcó la disputa en el conflicto que paraliza el servicio de justicia en la provincia. “La titular del gremio ha querido plantear esto como una cuestión descalificante”, señaló el funcionario.

Por la tarde, el cuerpo completo del TSJ salió en defensa de su presidente con una acordada que destaca que “la administración del propio patrimonio constituye una actividad compatible con el cargo de juez o funcionario del Poder Judicial”.

Tras escuchar las declaraciones de Allocco, Santesteban se mostró “sorprendida” de que el titular del TSJ haya asumido su actividad agropecuaria. “Él está lucrando con su actividad. A menos –aclaró, irónica– que todo lo que cosecha sea para darle de comer a su familia. La Constitución lo que dice es que no puede tener otros intereses, él tiene que ser imparcial”, evaluó.

No esencial. “Sólo puede exigirse a un gremio asegurar guardias mínimas en el caso de los servicios esenciales. Dicha categoría, definida en la ley 25.877 de 2004, no incluye el viernes al servicio de justicia. El TSJ no está habilitado a exigir estas guardias mínimas”, definió Horacio Javier Etchichury, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e Investigador del Conicet, especializado en derechos sociales.