Con los testimonios de los testigos Pedro Justo Rodríguez y Rubén Ríos se reanudarán hoy, a partir de las 9 en el Salón Verde de AMUC (Av. Argentina al 1500), las audiencias del tercer juicio a represores de la región acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

En esta causa son juzgados el teniente coronel Jorge Di Pasquale, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército; el ex subjefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza; Mario Alberto Gómez Arena, jefe de Inteligencia del Departamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada y el médico Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña 6. Los imputados están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 56 víctimas, en su mayoría privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal 1, presidido por Leónidas Moldes e integrado por Diego Barroetaveña y Richar Gallego, escuchará las declaraciones de Rodríguez por videoconferencia desde Londres, donde se exilió en 1979 luego de ser detenido en marzo de 1976 y sufrir tormentos en comisarías de Río Negro y Neuquén, en la Policía Federal, en el centro clandestino de detención La Escuelita y en la U6 de Rawson.

Posteriormente lo hará Ríos, quien en el momento de su secuestro se desempeñaba como delegado gremial de la empresa Agua y Energía de General Roca y fue trasladado a La Escuelita, que funcionaba en el fondo del predio del Batallón de Ingenieros 181.

Por la tarde declararán Teresa y Elsa Aigo, hermanas de Celestino Aigo, un joven de 22 años que en agosto de 1976 fue secuestrado de su casa en la calle Lanín al 1300 de esta ciudad y aún permanece desaparecido.

Por último, y a pedido de su defensor Pablo Matkovich, el ex oficial de Inteligencia del Ejército, Jorge Di Pasquale, ampliará su declaración indagatoria.

Durante su declaración del 18 de octubre pasado, el imputado reivindicó el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de 1976 al asegurar que “en este juicio se va a dirimir un conflicto ideológico de una guerra en la que ambos bandos tuvieron bajas. Acá se va a tratar de dilucidar un conflicto ideológico que lamentablemente existió en el país”.