La semana arrancó ayer en el Concejo Deliberante sin que se registrara actividad, a raíz de la decisión de su personal de proseguir con la retención de tareas que viene siendo aplicada desde el jueves pasado, en rechazo a la decisión del presidente del cuerpo, Marcelo Artime, de dejar sin efecto mediante un decreto el pago de una bonificación por disponibilidad que era remunerada para asegurar los servicios de los empleados fuera de sus días y horarios de trabajo habituales. El conflicto no pudo ser encauzado en las últimas horas y en ese contexto, los trabajadores resolvieron iniciar una demanda ante la Justicia para reclamar que la medida sea dejada sin efecto.

Según le explicó a LA CAPITAL el abogado que patrocina al personal del Deliberativo, Aballar Stiep, ayer fue presentada una medida cautelar ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2, mediante la cual se solicitó la suspensión del decreto firmado por el presidente del cuerpo.

Por su parte, las autoridades políticas del Concejo se mostraron preocupadas por la continuidad de la protesta, que ya obligó a suspender la sesión del jueves pasado y las reuniones de las comisiones internas.

Entre las cuestiones que se encuentran pendientes, figura el tratamiento del proyecto por el cual el Ejecutivo pretende regular la instalación y exhibición de publicidad en la vía pública y el análisis del proyecto del presupuesto de 2011, que el oficialismo quiere aprobar antes de que concluya el año.

Sin embargo, ante la retención de tareas implementada por el personal, hasta ayer se hizo imposible que los concejales se reunieran para avanzar con estas cuestiones.

Según pudo saber LA CAPITAL, entre las medidas evaluadas por Artime, se consideró la posibilidad de solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para pedir que dicte una conciliación obligatoria que permita reanudar las actividades, hasta tanto se dirima el conflicto laboral.

La protesta de los empleados tuvo su origen en la puesta en vigencia de un decreto por el cual se dejó sin efecto el pago de una bonificación por disponibilidad, mediante la cual se les reconocía a los trabajadores los servicios prestados una vez concluida su jornada laboral o en fechas especiales, como feriados o asuetos.

La medida fue adoptada en línea con una decisión similar implementada tiempo atrás entre los empleados jerárquicos del Ejecutivo, que había sido consensuada con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). En este caso, al ser eliminado el pago de la bonificación, la suma de dinero fue incorporada a los haberes básicos.

Detrás del conflicto subyace además una clara controversia entre el personal del Concejo y las autoridades del gremio, ya que prácticamente ningún trabajador del Deliberativo se encuentra afiliado al STM