Los concejales Pablo Tonini y Adriana Rosso hablaron de las posiciones encontradas que persisten en el Concejo. En ese marco, Proyecto Sur emitió un comunicado que cuestiona el criterio de los ediles que buscan disminuir las distancias de protección.
Mientras el oficialismo mantiene la postura de establecer 500 metros para las aplicaciones terrestres y prohibir las aéreas, otros ediles se muestran a favor de una norma más flexible, a contramano de lo establecido en varias ordenanzas sancionadas por municipios bonaerenses.
Uno de los concejales que pugna por disminuir los metros planteados inicialmente es Pablo Tonini, de Unión Celeste y Blanco.
Consultado por EL CIVISMO, el actual edil y precandidato a intendente explicó que “nuestro eje de discusión tiene como objetivo el bien de la comunidad y el desarrollo sustentable de la producción. Luján es un distrito que tiene que tener un muy buen equilibrio entre lo productivo y la comunidad”. Tonini habló de normas que “apunten a la presencia del Estado en términos de regulación”.
Según explicó, la postura del representante de Francisco De Narváez en Luján se basa en un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Luján: “Nosotros nos basamos en las explicaciones que nos dio el ingeniero (Mauricio) Miglioranza conjuntamente con otros ingenieros. El control debe estar en la aplicación, especialmente en la deriva. Esto es como un remedio, si se toma bien no van a existir complicaciones. Miglioranza dice que en un escenario de aplicación de mañana, sin fuertes vientos y con regulación en la gota de aspersión, podría tener una distancia de prevención de unos 50 metros. Nosotros exageramos eso y podemos hablar de 200, 300 o 100 metros”.
Casualmente, quienes realizaron aquel informe apoyan una ordenanza que establezca fuertes distancias de protección de las zonas urbanas. De hecho, el proyecto oficialista cita el trabajo para argumentar la prohibición de las aplicaciones aéreas y llevar a 500 metros las terrestres.
Tonini también informó que en los próximos días se realizará “una recorrida de campo para tener una mejor apreciación sobre el tema”. Con respecto al resultado final
del proyecto, el edil expuso su decisión de “tomar una medida responsable, no política”, ya que “hay actores políticos que por estar en un proceso electoral, van a tomar una medida netamente política, van a estar del lado donde más presionen”.
Por su parte, la oficialista Adriana Rosso detalló a este medio que en cuanto a las fumigaciones aéreas algunos concejales plantean que se permitan para casos excepcionales, por ejemplo fenómenos climatológicos que impidan las aplicaciones terrestres y pongan en peligro las cosechas.
“Con respecto a la terrestre hay propuesta de hacer cordones con vegetación para proteger y achicar el tema de los metros. Personalmente no comparto esa postura. Cada uno tendrá que reflexionar sobre los distintos puntos de la ordenanza que hacen a la aplicación en Luján. Cada distrito tiene sus particularidades, pero tenemos que pensar esto para hoy y para el futuro”, dijo Rosso.
Por lo pronto, a excepción del PJ, todos los bloques rechazaron el pedido de la Asamblea Ambiental de modificar el horario de la próxima sesión a los fines de favorecer la presencia de más vecinos.
COMUNICADO
Proyecto Sur emitió un comunicado vinculado a la ordenanza tratada. Desde esa organización política cuestionan el criterio y el fundamento técnico tomado por los ediles que están a favor de disminuir las distancias de protección de las áreas urbanas.
“En los comienzos de junio de 2010 y, con la intención de empezar a tomar contacto con el asunto, la Comisión de Salud convocó al ingeniero Daniel Lansón para hacer una
presentación de su trabajo de investigación sobre la deriva de agroquímicos. En aquella oportunidad, Lansón no pudo asistir, por ese motivo solicitó efectuar la presentación a
quien fue colaborador en su trabajo e integrante de nuestro movimiento el ingeniero agrónomo Mauricio Miglioranza”, explicaron.
De esta manera, Proyecto Sur aclaró los alcances del estudio que involucra a Miglioranza y que Tonini utiliza como argumento para defender su posición en el tema. En el comunicado se aclara que el trabajo en cuestión se basó en una entrevista a un aplicador, “quien adquirió su conocimiento sobre la deriva mediante su propia y vasta trayectoria laboral. Puesto en palabras sencillas esto
es, aplicando agroquímicos en un lugar y viendo que se quemaban las plantas del campo vecino u otras que estaban aún más lejos”. A partir de estas experiencias, el aplicador “estableció distintos escenarios de aplicación donde se incluyen factores atmosféricos, del equipo aplicador, de las mezclas a aplicar y los relaciona con los posibles alcances por deriva”. De esa manera, el estudio establece un rango de deriva que va desde los 50 metros hasta los 10.000 metros.
“Es aquí donde los ediles en cuestión intentan argumentar su posición con el fin de reducir la distancia de aplicación. Pero acá es necesario y muy importante hacer la
primera consideración: el aplicador observó siempre los efectos de agroquímicos sobre plantas no así en humanos. Cantidades menores de agroquímicos que las necesarias
para observar sus efectos en plantas, pueden continuar su viaje y alcanzar las viviendas. A su vez, lo nocivo para la salud no es solamente la exposición a dosis que causen efectos agudos o inmediatos, sino las consecuencias de la exposición repetida a dosis sub-agudas o que no causen efectos inmediatos pero sí a largo plazo”, explicaron desde Proyecto Sur.
En el comunicado se expresa que “nos resulta alarmante que se intente fundamentar y promulgar una ordenanza de tamaña envergadura donde está en juego la salud de los vecinos de Luján, basándose en una interpretación incorrecta e incompleta de un solo trabajo científico”. Por el contrario, los autores del texto manifiestan su sorpresa por el hecho de que algunos ediles “no consideren investigaciones como la del doctor Andrés Carrasco publicada en la revista Scientific Journal Chemical Research in Toxicology donde se concluye que dosis miles de veces menores a las utilizadas en mezclas con glifosato inducen malformaciones”.
“Entre muchas otras cuestiones también nos preguntamos: ¿Cuáles fueron las investigaciones interdisciplinarias que se impulsaron desde organismos del estado?, ¿se efectuaron consultas a ediles de ciudades donde ya rige dicha ordenanza?, ¿escucharon las voces de los vecinos que conviven con las pulverizaciones por no mas de una calle
de distancia?, ¿se ha contemplado el impacto sobre la salud de los aplicadores?, ¿se ha abordado la implicancia sobre las escuelas rurales?”, interroga Proyecto Sur.


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