El informe dice que la actividad no generó el desarrollo esperado y que debe convertirse en una real política de Estado.
Las autoridades del CPCE comenzaron a convocar, en abril del año pasado, a distintos actores vinculados a la actividad (ver aparte), para analizar la situación del sector, después de la crisis social en Andalgalá.
El informe preliminar señala que "la casi totalidad de los actores consultados manifestó su apoyo a la minería" y que las discrepancias estaban dadas en torno a cuestiones técnicas y metodológicas, al marco legal, al cuidado ambiental, el mal uso de las regalías mineras y las expectativas de desarrollo económico generadas.
En función de los distintos aportes, desde el CPCE señalaron que "el sector no parecer haber generado mayor dinamismo económico en función de la envergadura de los proyectos en marcha" y que, en virtud de que más del 70% de la geografía provincial es montañosa, la minería debería ser la actividad impulsora del desarrollo.
También advierte que "el desarrollo de la actividad no responde al concepto de cadena productiva, dado que los eslabones no se encuentran todos realizados en la provincia" y considera que "todos los encadenamientos productivos de la actividad deberían generarse dentro del área que se pretende desarrollar".
Por último, consideran que la minería debe ser una política de Estado "que se mantenga en el tiempo más allá de los períodos gubernamentales, preservando pautas claras y sostenidas con el consenso de la oposición y la apropiación de la comunidad toda". Y remarcan que la aceptación de la comunidad sólo se dará cuando la actividad y sus consecuencias se comuniquen adecuadamente, y cuando se permita la participación permanente de los sectores interesados".
Un largo debate
El CPCE comenzó en abril de 2010 una ronda de diálogo convocando a todos los sectores involucrados con la actividad minera.
La convocatoria tuvo como telón de fondo la crisis social que se generó en torno al desarrollo minero en Andalgalá y que obligó al Gobierno a muchos replanteos.
El informe con las conclusiones finales y un documento técnico económico se dará a conocer en mayo.
Participaron de la ronda de diálogo agrupaciones ambientalistas, empresas mineras, proveedores mineros, Colegio de Agrónomos, Unión Comercial, Unión Industrial, Secretaría de Minería, Facultad de Tecnología, legisladores y ex legisladores, directivos de YMAD, estudiantes de Ingeniería en Minas, periodistas e intendentes de comunas mineras.
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