El elemento central que esgrimieron las autoridades electorales federales para convalidar la votación en conjunto de diputados nacionales y de la consulta popular sobre la reforma, estuvo dado en que no iba a existir “confusión” en el electorado, ya que para la consulta se había dispuesto el uso de “boletas, urnas y sobres distintos, perfectamente individualizados y separados de los utilizados para las elecciones de diputados nacionales” y que la Junta electoral, por su parte, resolvió el uso de padrones, actas y escrutinio provisorio, certificados y telegramas diferentes a los empleados para la elección nacional.

“Se han extremado las medidas” para evitar la desorientación del electorado, sostuvo la Cámara en la oportunidad, rescatando que es el ciudadano quien decide si participa, por lo que no se encuentra “conminado o coaccionado a ello”. En este punto, citó la resolución de la Junta Electoral que establece que la autoridad de mesa iba a entregar al elector que manifieste su voluntad de participar en la consulta, el sobre especial destinado para tal fin pero, además, estableció que “con tal objeto, el presidente de mesa consultará al votante si desea participar de la consulta popular y, en caso afirmativo, le suministrará el sobre correspondiente”.

La decisión de llamar a consulta fue tomada por el entonces gobernador Jorge Busti, ante la negativa del radicalismo y de las otras fuerzas que integraban la Legislatura, de acompañar al justicialismo en la sanción de una ley que determinara la necesidad de la reforma constitucional. El peronismo necesitaba de voluntades de los otros bloques para alcanzar la mayoría especial establecida en el texto constitucional para modificar el texto de la ley de leyes.

La disputa llegó a tal punto que la UCR fue a la Justicia, tratando de repetir el fallo de 1997 cuando se impidió la consulta, y la CTA llamó a no participar en la votación.

El proceso se disparó cuando el Congreso radical, reunido en Villaguay, decidió el 5 de marzo establecer la negativa a hablar siquiera de reforma con el Gobierno justicialista. Días después, Busti lanzó la iniciativa y, acompañado por el entonces vice Guillermo Guastavino, viajó a Buenos Aires y obtuvo la bendición de Néstor Kirchner, que por esos días ocupaba la Presidencia, para realizar la votación en conjunto.

Poco después, era el apoderado del PJ, Rubén Cabrera, quien salía al cruce del argumento utilizado por las fuerzas opositoras. “Considero que pensar que se puede confundir entre la elección a un candidato a diputado nacional y decir que si o no a la reforma de la Constitución Provincial, es subestimar la capacidad de la gente”, expresó.

Este antecedente es el más inmediato de una elección con las características del 14 de agosto. Ese domingo, el elector tendrá que asistir obligatoriamente a votar por los cargos nacionales (presidente y vice) y, si quiere, podrá votar también en la interna de los partidos que dirimirán ese mismo días sus candidatos provinciales (gobernador, vice, diputados, senador departamental, intendente y concejales).

En la elección de 2005, sobre un padrón de 839.705 electores, votaron 613.841 y por la consulta lo hicieron 445.070 entrerrianos, con un resultado de valorización por el “Sí” de 269.032 que significa el 63,2% y por el “No” 156.880, el 36,84%. El triunfo del “Sí” fue incluso más amplio que el del Frente para la Victoria, que obtuvo 262.479 votos.

“Nosotros nunca hemos subestimado la inteligencia del pueblo ni la expresión de su voz, la que siempre hemos respetado y nos hemos allanado democráticamente. La mejor demostración son los números concretos del acto eleccionario”, reflexionó Busti al día siguiente del comicio.