La industria de la construcción alternó buenas con malas en 2015. El proceso electoral desaceleró las inversiones, la escalada de los costos continuó y la preocupación por la falta de habilitaciones de obras de gas todavía no tiene un final feliz. Pese a todo, en el sector hay optimismo, sobre todo porque los que pueden siguen apostando al ladrillo como resguardo de sus ahorros.

El nivel de actividad se mantuvo estable con respecto al año pasado, según marca el presidente del Centro de Constructores local, Norberto Cánepa. Eso es bueno en cierta medida, porque si bien la industria no perdió terreno estuvo lejos de los indicadores de años más prósperos como 2007, 2008 y 2009.

Por un lado, la cantidad de legajos de obra que se presentaron en el Colegio de Arquitectos "ha sido un poco menor", cuenta la presidenta de la institución, Julia Romero. Y no sólo en Mar del Plata, sino en toda la región. Por el otro, el ritmo de la actividad, aunque lento en los meses de incertidumbre electoral, logró mantener la mano de obra. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), el promedio de ocupación se mantuvo en el orden de los 14 puestos de trabajo por empresa constructora. Se trata del registro más elevado desde 2011.

"Esto es importante. Fue muy ayudado por las viviendas del Procrear, fundamentalmente, como también por las refacciones en viviendas", señala Cánepa.

La inflación tiene doble filo en la construcción. Mientras impulsa a quienes tienen ahorros a invertir para resguardarlos, incrementa los costos. "No es un tema menor. Ha impactado muchísimo a todo nuestro sector", advierte Cánepa. Y sostiene que el gobierno nacional debe enfocarse en controlar que la salida del cepo cambiario y la devaluación no generen una nueva escalada.

El problema del gas

Más allá de la inflación, el gran escollo de la construcción es la no habilitación de nuevas conexiones de gas. "Con este tema de Camuzzi (Gas Pampeana, la empresa distribuidora del servicio) empezamos a lidiar a principios de febrero. Nos ha movilizado, nos preocupó y nos preocupa porque no está resuelto", alerta Cánepa. "Nos preocupa muchísimo porque afecta no solamente a la construcción sino a todas las actividades económicas. Cualquier industria, comercio, vivienda, edificio se va a ver afectado. Y eso provoca un impacto muy grande en la economía de nuestra ciudad", lamenta.

Cánepa dice que cada vez "se suman más edificios" que están a la espera de la habilitación y que no para de recibir llamadas para advertir sobre el inconveniente. Por eso no logra entender cómo, salvo el foro de la construcción, que agrupa desde las empresas y los colegios profesionales ligados a la actividad hasta la Uocra (Unión Obrera de la Construcción), ninguna otra entidad ha emitido su señal de alerta.

"Nadie lo ha tenido en cuenta. Otras instituciones que nuclean comerciantes o diversas actividades no han percibido lo importante y lo grave que es este tema de Camuzzi", desliza. "Nosotros, como deseo para 2016, queremos que esto se pueda resolver. Si no, va a impactar negativamente", avisa.

El hartazgo del foro estalló a mediados de octubre, cuando aseguró que la empresa de gas estaba poniendo en riesgo "miles de puestos de trabajo" al condicionar la habilitación de nuevas conexiones y no darse por enterada de la firma de un convenio para la construcción del gasoducto de la costa, que aumentaría un 30% la capacidad para transportar el fluido hacia la zona.

El acuerdo fue firmado en septiembre por el gobierno nacional y los intendentes de Mar del Plata, el Partido de la Costa, Lezama, Pinamar y Villa Gesell. Las obras implican la ampliación del gasoducto de la costa con un tramo de 18 kilómetros entre El Chourrón y Las Armas, además de una planta compresora en esa localidad y otros 15 kilómetros entre las dos plantas reguladoras de entrada a Mar del Plata.

Pero la gran incógnita es qué pasará con ese convenio luego del recambio de autoridades. Por caso, de parte del gobierno lo había firmado el entonces ministro de Planificación Julio de Vido. "Eso quedó en la nada", cuestiona Cánepa. Aun así, cuenta que el foro de la construcción intentará reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal "para que esté al tanto de lo que sucede".

Las nuevas conexiones generan tantas dudas como las viejas. Cuando la empresa detecta una pérdida en un edificio, corta el suministro y pueden pasar meses hasta que lo restablezca por completo. Por eso, para los consorcios se ha tornado prioritario renovar las instalaciones. La consecuencia fue una disminución de las obras de mantenimiento de fachadas que no pasó desapercibida en las constructoras.

Freno en el Procrear

El programa de crédito para construcción, ampliación y refacción de viviendas (Procrear), que en los últimos años fue clave para sostener el ritmo de la actividad, tuvo un freno en el último cuatrimestre. "La cantidad de legajos que se presentaron en nuestro colegio profesional disminuyó significativamente", asegura Romero.

La baja se dio en toda la zona. "En esto seguramente tuvo que ver el período electoral tan extendido que tuvimos, cierto nivel de incertidumbre en algunos emprendimientos y probablemente también la demora en la aprobación de expedientes", explica. A su entender, será clave conocer cómo el nuevo gobierno "continúa lo que ya está en marcha" y cuál va a ser su política de vivienda.

"En los últimos años, estuvo enfocada fundamentalmente en el programa de crédito argentino, que tuvo niveles muy buenos de desarrollo, con un impacto prácticamente inmediato en la actividad de la construcción", comenta Romero.

Si bien Mar del Plata no se caracterizó por los grandes emprendimientos colectivos, los desarrollos individuales, ya sea para vivienda nueva como para ampliaciones, garantizaron la actividad.

Eso sí: los beneficiarios continuaron con las dificultades para acceder al suelo. "Cuando aumenta la demanda, el sector inmobiliario rápidamente incrementa los valores", comenta Romero. "Y en algunos casos, los terrenos de la periferia no tienen los servicios adecuados para su desarrollo, lo que genera la extensión de la ciudad con costos altísimos para el Estado", puntualiza.

Esas dificultades incentivan procesos migratorios entre localidades vecinas, como la de los marplatenses que se construyeron o están construyendo sus viviendas en Santa Elena o Camet Norte, partido de Mar Chiquita. Por todo esto, "realmente es importante tener una política de suelos que atienda estas demandas y pueda ayudar a intervenir de manera racional en el mercado de suelo", observa Romero.

Y si de políticas se trata, Cánepa interpreta que todavía hay "una deuda" en cuanto al acceso a la vivienda de la clase media. "Esperemos que los créditos que se han prometido sean accesibles. Ahí hay un gran nicho para que la construcción se pueda desarrollar", destaca.