El plenario del Consejo de la Magistratura resolvió la suspensión inmediata del camarista Otilio Roque Romano. La resolución es coincidente a lo pedido por la Comisión de Disciplina y Acusación (anticipada por Los Andes en su edición de ayer) y que, con la firma del consejero Hernán Ordiales, había impulsado el proceso de remoción.

Además lo acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento de mal desempeño de sus funciones, en un trámite que deberá estar resuelto en el término máximo de seis meses, durante los cuales el camarista no podrá ejercer sus funciones de juez.

La comprometida situación del magistrado federal se agrava al estar procesado por su supuesta participación en casi un centenar de casos de delitos de lesa humanidad, medida impulsada por el juez Walter Bento y confirmada por la misma Cámara Federal de Apelaciones que hasta ayer integraba. Estas causas ya han sido elevadas a juicio oral y público.

Los casos

En las imputaciones en su contra y que el Consejo debe haber merituado se lo menciona como partícipe primario en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor.

La suspensión y remisión a juicio político fue aprobada por el mendocino Daniel Ostropolsky y los consejeros Mario Fera, Ada Iturrez, Marcelo Fuentes, Mario Cimadevilla, Carlos Moreno, Oscar Aguad, Alejandro Fargosi, Hernán Ordiales y Manuel Urriza, es decir por unanimidad.

Otilio Romano que se desempeñaba como fiscal durante la dictadura había sido denunciado en el año 2009, por no haber impulsado investigaciones en el marco de los crímenes de la dictadura. Junto a Romano también fue denunciado Luis Miret, que fue juez durante la última dictadura y se desempeñaba como camarista hasta que fue destituido en marzo pasado.

De acuerdo al procesamiento de la Cámara Federal, Romano habría "facilitado la impunidad de los responsables" en "torturas y privaciones ilegítimas de la libertad" y así "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones", mientras que se remarcó que: "El método acordado, concordante con el plan sistemático implementado en la llamada lucha antisubversiva, era no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables".

Este hecho le pone puntos suspensivos a un caso que comenzó cuando, desde el Gobierno de Mendoza, se pidió -a fines de 2009- su juicio político.

Su defensa

En este tiempo Romano presentó su renuncia al cargo, algo que el Ejecutivo Nacional nunca consideró. Más adelante con la firma de un juez subrogante consiguió suspender los plazos en el Consejo de la Magistratura, mientras que en Mendoza, con certificados médicos y pedidos de nulidad también logró ganar tiempo en las indagatorias donde había sido denunciado penalmente y que recién comenzaron a fines de agosto del año pasado.

Paralelamente se defendió no ya en los estrados judiciales sino mediante una carta donde aseguraba que era "absurdo pensar que durante la dictadura más cruenta, organizada, que ideó un plan clandestino y poderoso de exterminio que no cedió ni ante la presión internacional, pudiese un grupo de funcionarios judiciales de Mendoza evitar su accionar criminal".

Ayer en el edificio de los Tribunales Federales la noticia no sorprendió. Y si bien nadie en voz alta habló a favor ni en contra, lo real es que pone a la Justicia Federal de Mendoza en un triste antecedente inédito a nivel nacional, como es el hecho de que dos de sus camaristas hayan sido suspendido en sus funciones. Y mientras Miret ya fue destituido, Romano debe ahora esperar, en el corto plazo, el Jury que resolverá su situación.