El Concejo Deliberante de Azul informó ayer que, en virtud de la limitada capacidad física del recinto, la importante acreditación de periodistas, la presencia de funcionarios y asesores de los distintos bloques que componen el cuerpo, se ha dispuesto que la sesión especial a realizarse mañana a las 20, sea transmitida en vivo y en directo por los siguiente medios de comunicación, "a efectos de mantener conveniente y abundantemente informada a la comunidad".

TELEVISIÓN: Televisión por aire, TV Pública; Cablevisión Azul

RADIO: FM Ciudad 101.3, FM del Pueblo 104.1 y FM X Radio 105.3

INTERNET: www.ustream.tv -buscar concejodeliberanteazul- y www.xradioazul.com.ar

A las 20 horas de mañana se realizará una sesión especial en la que el Concejo Deliberante interpelará nuevamente al intendente José Inza para que dé explicaciones sobre una serie de presuntas irregularidades detectadas en actos administrativos dictados en el año y medio que lleva de gestión.

A esta instancia se llega luego de que en la sesión del lunes 12 agosto los bloques del Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical, Unión para el Progreso Social y el Frente para la Victoria (a excepción de los concejales Rodolfo Rancéz y Diego Colman) aprobaran el proyecto de decreto citando al jefe comunal a que concurra al recinto mañana por la noche.

La sesión será a puertas cerradas. Según se determinó, sólo se permitirá el acceso a la prensa, no así al público en general. Esto se decidió también en esa última sesión, ya que de acuerdo a lo que se esgrimió, la anterior interpelación a Inza se dificultó por los exabruptos de la "hinchada" que lo acompañó. Para suplir esta restricción, la sesión especial de mañana será transmitida por radios locales, televisión e Internet.

Lo que establece la LOM

No se sabe aún si el Intendente se presentará o enviará directamente a sus funcionarios -cosa que puede hacer de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)-, ya que durante esta semana no concedió notas y nadie de su equipo adelantó oficialmente nada al respecto. Este diario solicitó una entrevista con el jefe comunal, pero desde prensa municipal se informó que hasta la semana próxima Inza no hablará con los medios.

Volviendo a su concurrencia o no al recinto, cabe señalar que el artículo 108 en su inciso 7° de la LOM (en el capítulo dedicado a la competencia, atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo) establece que el jefe comunal debe concurrir personalmente o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno o cuando sea llamado por Decreto del cuerpo para suministrar informes.

"La falta de concurrencia del Intendente ó secretarios cuando haya sido requerida su presencia por Decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho cuerpo, será considerada falta grave", agrega la normativa.

De esta manera, Inza puede no hacerse presente porque así lo prevé la Ley, pero el costo político de no ir y dar las explicaciones que se le requieran, sería alto.

El por qué de la interpelación

El decreto del Concejo mediante el cual se convoca al Intendente a esta interpelación, fue presentado en la última sesión por los bloques del FAP y la UCR y acompañado por el resto de los bloques, con las excepciones ya enumeradas.

Son cuatro los temas sobre los que los ediles buscarán recabar más información: la excesiva demora para enviar la documentación que se le requirió en distintas oportunidades; cómo se registraron los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo durante los años 2012 y 2013; la liquidación y el pago de horas extras a agentes municipales durante los años 2012 y 2013; y también todo lo actuado y ejecutado en el dictado de los decretos mediante los cuales se autorizó el pago de módulos adicionales a los correspondientes y autorizados oportunamente por el Concejo Deliberante a funcionarios políticos -los sobresueldos-.

Ayer, este diario dialogó con concejales de distintos bloques que conforman el Concejo, quienes dieron su opinión sobre esta nueva interpelación.

"APUNTA A UNA DESTITUCIÓN DEL INTENDENTE"

El concejal del FpV, Rodolfo Rancéz, votó en contra de la interpelación al intendente José Inza. Lo hizo convencido de que el Concejo no agotó los canales correspondientes antes de este nuevo llamado.

En ese sentido, entendió que "se debería haber convocado al responsable de cada área donde hubiese dificultades. De ninguna manera hay una intención de colaborar. Desde las bancas escucho que quieren ayudar al Intendente, pero esta no es la forma porque la mayoría han salido en los medios, por poco, a poner en dudas la honestidad del Intendente".

El edil hizo referencia al tema de los sobresueldos. Indicó que "esto se ha venido haciendo en anteriores gestiones, puede haber algún error pero no son cosas que pongan en tela de juicio como lo están haciendo".

Inmediatamente aseguró que "esto apunta a una destitución del Intendente" y fue más allá al explicar que "estamos viendo la cuestión legal para hacer una denuncia al que presentó el proyecto porque lo hizo sobre tablas cuando se tendría que haber expedido la comisión. Hay una anomalía dentro del Concejo para llevar adelante este proceso".

Reconoció que "por ahí" el Ejecutivo no presentó en tiempo y forma la documentación, pero advirtió que "ha pasado en otras gestiones y no se han hecho semejantes movimientos dentro del Concejo. Eso es lo que a uno le extraña".

A su vez, marcó que el Deliberante no se puede adelantar a la justicia ni al Tribunal de Cuentas, ya que "esos organismos tienen que dictaminar. Pero el Concejo se adelanta a todo eso y se ponen las cosas en tela de juicio. Uno para Azul quiere lo mejor, y esto lo único que hace es frenar todo un proceso de progreso. Que nuestro bloque se sume a un pedido de la oposición, es lamentable".

Rancéz también cuestionó el hecho de que la interpelación se haga sin público. Dijo entonces que "no corresponde que limiten la entrada a la gente que quiera ir a apoyar al Intendente, porque técnicamente en el Concejo no hay nadie o se permite la entrada a la gente. Si no permiten pasar a la gente, tampoco puede hacerlo la prensa".

"TODO MERECE UNA EXPLICACIÓN"

El bloque de la UCR fue uno de los autores del decreto de interpelación al intendente. El presidente de la bancada, Juan Sáenz, señaló al hablar con este diario que "hay que tener en cuenta los motivos por los que se decidió convocarlo a una nueva interpelación y analizar que, a lo largo de un año, ha habido una sumatoria de irregularidades en lo que hace a la cuestión administrativa municipal que lleva a que el Concejo no tenga forma de eludir la responsabilidad de interpelar al señor Intendente".

Añadió que "la intención es que se aclare la situación no sólo para el Concejo Deliberante sino para la comunidad en su conjunto. Acá está claro que ha habido irregularidades, que algunas cuestiones pueden ser interpretadas como errores administrativos, pero todo merece una explicación".

Advirtió que las observaciones al proceder del Ejecutivo no sólo provienen del deliberativo sino también del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, marcó que "cada ámbito de control está observando determinadas cuestiones que tiene que ver con los procedimientos que ha realizado en Departamento Ejecutivo y éste, en los distintos ámbitos, tiene que dar explicaciones".

El ambiente que se ha creado alrededor de esta segunda interpelación es diferente al de la primera. Se habla de destitución, desprestigio y demás conceptos que se esgrimen desde el Ejecutivo.

Sobre esto, Sáenz apuntó que "creo que son opiniones que en definitiva tienden a tratar de defender una postura del Departamento Ejecutivo. Muy lejos de la realidad está el hecho de pensar que al tomar la decisión de una interpelación hay una actitud destituyente. Al contrario, hay una actitud de tratar de conocer la verdad y de evitar que situaciones como ésta, de errores e irregularidades, se repitan".

"CONSECUENCIA DE LA FALTA DE DIÁLOGO"

Agustín Carús, concejal de Unión para el Progreso Social, opinó sobre esta nueva interpelación al Intendente que "es una posibilidad de estar comunicados y que le podamos preguntar las dudas sobre los cuatro temas que figuran en el decreto".

Entendió que "no hay que dramatizar el tema, sino tomarlo como una herramienta que tiene el deliberativo cuando no se puede comunicar y tampoco reunirse con los funcionarios y el Intendente para resolver los problemas de la gente".

Hizo hincapié en que esta nueva instancia sirve para que el legislativo pueda desarrollar su gestión, en particular la de control, y que en realidad "beneficia a la gente, porque así podrá saber dónde van los fondos públicos que aporta".

Asimismo, recordó que la interpelación es una herramienta que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades y que el Concejo debe hacer uso de ella cuando lo crea necesario, como en este caso.

Para finalizar, resaltó que "todo esto es consecuencia de la falta de diálogo. Desde diciembre de 2011 cuando el Intendente asumió, nunca fuimos convocados para saber sus objetivos, más allá de un presupuesto donde se plasman los lineamientos generales".

"NINGÚN CONCEJAL HA HABLADO DE DESTITUCIÓN"

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Luis Conti, señaló ayer al hablar con este diario que la posición mayoritaria de su bancada "es que por todas las cuestiones -que en principio se tratan de errores administrativos o de imputaciones de incumplimientos legales-, el intendente tenga la posibilidad de aclararlas ante la comunidad por intermedio de la institución donde está representado todo el arco político que es el Concejo Deliberante, que es lo que marca la Ley Orgánica de las Municipalidades".

Añadió que así el jefe comunal "tiene la posibilidad de expresarse y justificar cuáles han sido sus motivaciones políticas para sancionar los actos administrativos que se le están reprochando".

Recordó que desde la vuelta de la democracia, los intendentes que han sido convocados a interpelación "no sólo han ido, sino que sus propios bloques votaron para que el intendente tuviese la posibilidad de justificar sus actos de gobierno e informar sobre la motivación de los mismos".

Sobre las declaraciones que hicieron desde el Ejecutivo frente a esta nueva interpelación -se habló de intenciones destituyentes, de difamación hacia la figura del Intendente e incluso que está amenazada la democracia azuleña-, el concejal marcó que "los hechos que se están reprochando tienen muchísima gravedad y son hechos consumados. Hablamos de imputaciones concretas sobre la utilización de fondos públicos que no tendrían el respaldo legal suficiente. La comunidad de Azul se tiene que quedar tranquila de que el Concejo va a estar a la altura de las circunstancias".

Desde una visión netamente política, apuntó que "ningún concejal y ningún bloque ha hablado de destitución. Si ellos se manifiestan de esa manera, será porque tendrán conocimiento de la gravedad de los hechos. Nosotros no nos vamos a expedir hasta que no escuchemos al Intendente", y reiteró por último que "tendrán conocimiento que los hechos son suficientemente graves como para entender que el Concejo Deliberante puede tomar una actitud de esa naturaleza".

LA PRIMERA INTERPELACIÓN

La primera interpelación al intendente José Inza tuvo lugar el lunes 19 de noviembre de 2012. Ese día subió al recinto del Concejo Deliberante por lo que fue el fallido intento de tercerizar el cobro de las tasas municipales adeudadas, operación que había sido adjudicada a la empresa TIPSA (cuyo contrato fue rescindido luego de conocerse públicamente) por un monto que ascendía a poco más de 102.000.000 pesos.

En el transcurso de la interpelación, fue el propio jefe comunal el que anunció que había comenzado un sumario administrativo para determinar o deslindar responsabilidades de sus funcionarios en el tema. Pero lo concreto es que hasta el día de hoy -pese a los reiterados pedidos que desde el Concejo Deliberante se le ha formulado para que informe el avance de la investigación- no hay mayores novedades al respecto.

Fue a fines de noviembre del año pasado que los bloques de la UCR y el FAP presentaron una denuncia penal contra el Intendente, el ex secretario de Economía y Finanzas Néstor Requelme y cualquier otra persona que pudiera resultar responsable en el proceso licitatorio de privatización del cobro de tasas vencidas.

La presentación recayó en la UFI N° 6 a cargo de Luis Surget y se lo denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; estafa a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias. Tampoco hasta ahora hay novedades sobre su avance.

A su vez, la otra instancia que se puede iniciar es la formación de una comisión investigadora, que no se conformó en este caso ya que el Concejo no avanzó al respecto.

"ERRORES MUY GROSEROS"

Desde el bloque del FAP, José Cordeviola fue el encargado de dar a conocer el decreto mediante el cual se cita al intendente Inza a una nueva interpelación.

Ayer, al hablar con este diario el concejal hizo un repaso por las diferentes cuestiones que llevaron al Concejo a esta nueva instancia de pedir explicaciones al jefe comunal.

Marcó en principio la falta de información que les imposibilitaba tomar conocimiento de los actos de gobierno y de la marcha de las acciones del Departamento Ejecutivo "para hacer el contralor que como concejales nos compete".

Luego de reiterados pedidos, la información fue llegando "y nos permitió en una primera revisación encontrar errores muy groseros", como el caso del pago de horas extras a trabajadores, el pago de módulos adicionales a algunos funcionarios y también la forma de registrar esos actos administrativos.

Añadió que la interpelación "es simplemente el pedido al señor Intendente para que suba al Concejo Deliberante a dar explicaciones por todas estas irregularidades en lo que tiene que ver al acceso a la información pública; a errores en la confección de algunos decretos y anulaciones sin sentido, sin fundamentación; la asignación excesiva de horas extras y de sobresueldos a algunos funcionarios".

Por último, marcó que "por supuesto que en función de la conformidad o no que tenga el cuerpo con respecto a las explicaciones que el Intendente dé, podrá terminar acá o seguir en una comisión investigadora. Es nada más que cumplir con la Ley Orgánica y con el mandato que la comunidad nos ha dado".