El Tribunal informó que los cinco ministros y un grupo de legisladores firmaron un acuerdo que permite el "seguimiento permanente" por parte del Parlamento de las "actividades" de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte.

Según establecieron los supremos en la Acordada 2/2016, bajo la órbita de esa Dirección funcionará la oficina de Captación de Comunicaciones -la antigua Ojota-, con las funciones que fueran transferidas por Mauricio Macri a través del decreto 256/2015.

Pero además, la Dirección intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, y, en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.

Al respecto la vocal de la Cámara Federal, Mariana Catalano, celebró el convenio firmado y dijo que de esta manera el Poder Judicial se autolimita y se pone a disposición del Congreso Nacional para su control.

Hasta el año pasado, las escuchas telefónicas estaban a cargo de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), pero por un decreto presidencial de la entonces mandataria, Cristina Kirchner, las mismas quedaron a cargo de la Corte Suprema de Justicia, “lo que es mucho mejor que sigan estando a cargo de un órgano del estado”, precisó.

Hasta el año pasado las escuchas telefónicas estaban a cargo de la SIDE, pero por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner pasaron a estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, lo que, según indicó,  “es mucho mejor que la Corte monitoree a los jueces a que pertenezcan a un órgano del estado como lo es el poder ejecutivo”.

Por otra parte, dijo que con el nuevo sistema acusatorio que se promueve a nivel nacional, mediante el cual, el fiscal investiga y el juez es imparcial, resulta más pertinente que las escuchas dependan de la Corte de Justicia y no del Ministerio Público, que es parte, ni del ejecutivo nacional.

“Debe haber total imparcialidad en el manejo y monitoreo porque se ponen en juego derechos de privacidad e intimidad”, concluyó Catalano.